Fernando Romero

Cada vez es más claro que  el escenario en el que se desarrollará la Consulta de Revocatoria en Lima será  uno de los más polarizados que la ciudad capital haya vivido. Todo indica que,  durante los próximos dos meses,  veremos reeditarse las campañas de demolición que en los últimos años tuvieron como blancos a Ollanta Humala y Susana Villarán en su condición de candidatos.

Si durante las campañas electorales preocupaba que las armas que se utilizaban tuvieran como insumo principal mensajes dirigidos a causar temor entre el electorado o desnaturalizar la imagen de un candidato, basándose en la mentira o la exageración, resulta más serio que se utilicen este tipo de instrumentos contra autoridades democráticamente elegidas y que, –queriendo o sin querer-,  afectan no sólo su prestigio personal sino a las instituciones que representan.

Este tipo de campañas contra autoridades  elegidas, se realizaron durante la etapa más dura del autoritarismo fujimorista y, en la mayoría de los casos, escudándose en diarios de dudoso origen y de periodistas de escasa moral. Ha sido luego que la mayoría de la opinión pública pudo descubrir que quienes las lideraban eran los mismos que  detentaban el poder político.

El ingreso a la escena pública de políticos que han ejercido o ejercen cargos de elección popular,  vinculados al APRA y al fujimorismo, respaldando  militantemente la revocatoria de quienes forman parte del Concejo municipal limeño marca un giro en el escenario de este proceso,  ya que involucra directamente a dos de los partidos más fuertes y organizados del país, en el uso de este tipo de  armas contra autoridades elegidas.

En innegable que la democracia no existe sin el ejercicio del derecho a discrepar y criticar a la autoridad,  pero también es cierto que ésta se debilita cuando este derecho se utiliza para infundir entre los ciudadanos temor, confusión o intolerancia.  Ejemplos de eso es el uso cada vez más frecuente de “portátiles” que protestan  sin saber contra quién lo hacen o de autoridades municipales que destruyen la publicidad que informa quiénes son los ejecutores de las obras públicas.  

Lo mismo sucede con el derecho que los ciudadanos tenemos a controlar a nuestras autoridades. Sin embargo, en esta ocasión, este derecho  ha sido pervertido, en la medida que sus promotores- y hoy los partidos que los respaldan-  no basan sus acciones y discursos en la buena fe o en una comprobada preocupación por la situación de la ciudad, sino en la compra de firmas, en acusaciones falsas y en agrandar los errores de las autoridades con la sola finalidad de eliminarlos de la actividad política.

Lo grave de esto es que dentro de las más altas esferas de partidos democráticos existan intereses y objetivos  que no tengan freno alguno, y nos  les preocupe desnaturalizar principios básicos de la convivencia ciudadana y de la lucha política democrática con el fin de satisfacerlos.

En el pasado estas campañas fracasaron en el objetivo que perseguían. Cayó el fujimorismo, Humala fue elegido presidente y Villarán alcaldesa. Esperamos que la gestión  de la municipalidad de Lima, la acción ciudadana por el NO y todas las personas que quieren un juego democrático de verdad, al margen de sus simpatías por la alcaldesa, le den con la puerta en las narices a aquellos que quieren  seguir envileciendo la política y debilitando las instituciones de la democracia.