Luego de una sostenida caída de la popularidad y del sorprendente acto de sinceridad del presidente Ollanta Humala de que la crisis financiera internacional había llegado a nuestras costas, hemos sido testigos en los últimos días de un esfuerzo de los guardianes del modelo económico, por poner ‘paños fríos’ a la declaración del mandatario y a la afirmación del ministro de Economía de que habían llegado el tiempo de las ‘vacas flacas’. Y como suele suceder ante tanta insistencia, Humala y Castilla han matizado y bajado el tono de su afirmaciones.

Pero más allá de los vaivenes discursivos y políticos a los que el gobierno nos tiene acostumbrados, la pregunta que circula es: ¿Cuánto nos golpeará la crisis? Y en esa materia los predicadores del optimismo señalan que como todo es culpa de la incapacidad del gobierno, sencillamente hay que apretar el acelerador de las inversiones y seguir eliminando las ‘trabas’ a la gran inversión, persistiendo en el modelo primario exportador como la única vía posible. Sin embargo, el entusiasmo tiende a reducirse cada vez más al constatar que en diversos sectores, la economía comienza a dar señas de enfriamiento. Y no es posible que sea de otra manera porque en un mundo globalizado, no hay blindaje que pueda aislar la economía de un país de la del resto del planeta.

En medio del desconcierto, el gobierno no ha encontrado mejor momento para convocar a un diálogo a los principales actores políticos. Y más allá de las condiciones que unos y otros ponen sobre la mesa para sentarse a ella, nos preguntamos: ¿Existe capacidad en los diversos partidos políticos de plantear alternativas y salidas a un tema en el que todos los grupos con representación en el Congreso, habrían hecho más o menos lo mismo que el gobierno en materia económica? Porque todos los convocados al dialogo piensan que el modelo neoliberal es el único viable y posible.

A pesar de los límites planteados, en Noticias SER consideramos importante señalar que, es imprescindible asegurar la participación de los gobiernos regionales y otros actores que no tienen representación en un Congreso en el que la ciudadanía confía muy poco. Y de otro lado, que una condición básica para que las decisiones que se tomen no generen nuevos conflictos, es que no consistan en nuevos cambios normativos que signifiquen la reducción de derechos o la desprotección del medio ambiente o de nuestro patrimonio.

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