De las tantas promesas que el Presidente Ollanta Humala hizo durante su campaña y al inicio de su mandato, son muy pocas las que ha mantenido y menos aún aquellas en las que ha persistido en su cumplimiento. Si puede mostrar algunos éxitos es en aquella de derrotar a los llamados remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM, liderados por los hermanos Quispe Palomino, e izar el pabellón nacional en Vizcatán como prometió pocos días antes de iniciar su gestión presidencial. 

Así, desde hace más de dos años se han realizado una serie de acciones contrasubversivas que han incorporado una mejor estrategia de inteligencia policial, así como una mayor coordinación entre las fuerzas armadas y policiales, con un esfuerzo por hacer más presentes los servicios básicos y la presencia del Estado que la población del VRAEM reclama.

En ese sentido, a pesar de que el país entero ha aplaudido las operaciones que han permitido las detenciones de elementos subversivos, la recuperación de armas y municiones robadas por las columnas senderistas a las fuerzas del orden, e incluso la muerte de algunos de líderes de este grupo, como los autonombrados camaradas ‘Alipio’ y ‘Gabriel’, este esfuerzo no ha estado exento de acciones que pueden ser consideradas como violaciones a los derechos humanos de la población civil.

Hace varios años, en setiembre de 2008, la Asociación SER -a través de la revista Retablo que publicamos en Ayacucho- denunció los abusos cometidos durante la operación Excelencia 777 realizada durante el segundo gobierno de Alan García y el desplazamiento forzoso que se produjo por la misma. Y el reciente bombardeo en la zona de Mazángaro ha puesto en evidencia que se estarían realizando operativos que ponen en alto riesgo la vida de la población civil en la zona de conflicto. En ese sentido, nos reafirmamos en afirmar que: “Es por ello que sin negar el legítimo derecho del Estado a recuperar la autoridad sobre el territorio de Vizcatán, consideramos que la intervención militar debe respetar los protocolos y reglamentos del uso de la fuerza que tiene el Ejército Peruano”.

Por ello, en Noticias SER nos parece urgente que el gobierno nacional debe ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tome las medidas necesarias para evitar que los operativos contrasubversivos en el VRAEM conviertan en blanco a la población civil. Sabemos que su tarea no es sencilla, pero continuar con la violación a los derechos humanos en la zona es el peor camino para lograr la paz que tanto reclaman los ciudadanas y ciudadanos del VRAEM, una zona en la cual, cuando la población se organizó, logro derrotar a Sendero Luminoso, pero que sin embargo el único reconocimiento que ha tenido del estado es el abandono.