En horas de la tarde de ayer martes 5 de noviembre, el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, denuncio públicamente la presencia de más de 700 efectivos policiales en la ciudad de Espinar, además de la agresión a una familia de la comunidad de Urinsaya, en Coporaque. Según Mollohuanca, esto se debería al inminente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la viabilidad del proyecto Majes Siguas II, el proyecto arequipeño que intenta represar las aguas del río Apurímac para las irrigaciones del valle de Majes y la construcción de dos centrales hidroenergéticas ríos arriba. Ese mismo día, el periodista Vidal Merma de Espinar hacía circular varias fotografías por Internet de la presencia inusitada de efectivos policiales en la comisaria de Espinar, además de tanquetas y de rochabuses en el interior de esa dependencia policial.

Lo que en realidad habría sucedido el día martes en horas de la mañana, aproximadamente a las 9:00 am., es que miembros de la familia Taco Quehue, de la comunidad campesina de Urinsaya, del distrito de Coporaque de Espinar, fueron agredidos de manera violenta por efectivos policiales. Según la versión de la familia, alrededor de 70 policías los obligaron a desalojar la parcela que consideran de su propiedad. Este hecho fue corroborado por Elard Valdez , representante del Frente Único de la Juventud Espinarence Kana (FUJEK), quien horas más tarde pudo constatar los hechos. “Estas personas no se opusieron de manera deliberada contra la carretera del megaproyecto Las Bambas, sino que rechazaron el cambio del trazo original de la vía porque afectó sus chacras y el pozo de agua que alimentaba sus tierras sin mayor consideración y de manera inconsulta”, declaró.

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