Desde sus orígenes, las rondas campesinas han sido organizaciones que han buscado dar respuesta a la precaria presencia estatal en el mundo rural. En sus inicios, dedicadas a la lucha contra el abigeato y la delincuencia común, y luego institucionalizándose como un mecanismo de derecho consuetudinario, con reconocimiento constitucional y legal, pero a la vez como un actor social fundamental en la defensa de los derechos de la población campesina. Y sobre todo de acceso a la justicia.

La vigencia de las rondas campesinas y su éxito como mecanismo regulador de conflictos en caseríos y comunidades de distintos lugares del país, llevó a que el modelo fuera trasladado a algunos ámbitos urbanos donde la Policía Nacional del Perú era ineficiente y/o corrupta o, simplemente, no atendía por escasez de recursos humanos y logísticos. O por estar dedicada al control de otras actividades. Pero las rondas urbanas, a diferencia de las campesinas, lo han hecho sin contar con un marco legal.

Una de las ciudades donde las rondas urbanas se han desarrollado más es en Cajamarca, donde se han convertido en un actor social con cierto grado de legitimidad ante la ciudadanía así como ante autoridades del Poder Judicial y de la Policía Nacional de dicha región. Haciendo abuso de esta, han comenzado a desarrollar ‘operativos’ contra delincuentes comunes, en primer lugar, y este último fin de semana contra trabajadoras sexuales, en los que sin mediar procedimiento alguno se ejerce impunemente la violencia bajo la justificación de un supuesto afán ‘moralizador’.

En Noticias SER consideramos injustificable que las rondas urbanas de Cajamarca hagan justicia por su propia mano -con la anuencia de la policía- , a pesar de que la Corte Suprema les ha negado tal derecho. Asimismo, consideramos imprescindible que el Ministerio del interior tome cartas en el asunto antes que estas prácticas se expandan a otros lugares y solo nos quede lamentarlo. Para que ello no ocurra es fundamental que el Ministerio Público identifique a los responsables de estos delitos, y el Poder Judicial los sancione para que no se consagre la impunidad y quede claro que toda violación a los derechos humanos es inaceptable.