Los últimos días se ha informado que la Contraloría General de la República (CGR) habría detectado indicios de que en el primer periodo de gobierno del reelecto presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, éste habría participado en las acciones que conllevaron a la elección de postores de tres obras públicas financiadas por el gobierno regional de Ayacucho (GRA). Entre ellas figuran la construcción del hospital de alta complejidad III-1 y de los colegios Mariscal Cáceres y San Ramón. 

En el informe elaborado por la Gerencia de Auditoria de la CGR, tras realizar una evaluación del primer periodo de gobierno de Oscorima, la entidad recomienda también impartir procesos penales por el presunto delito de colusión. Según información de inicios de semana, la Procuraduría Publica de Ayacucho debía tomar hoy el caso, para evaluar si realmente hubo direccionamiento, y proceder legalmente, pero el procurador Cayo Antonio Medina informó que aún espera el documento oficial que le permita proceder según sus competencias.

El ex decano del Colegio de Abogados, Víctor Oriundo Median, ha comentado que la situación de la autoridad regional es complicada, ya que existen antecedentes de casos, en los que se ha sancionado a autoridades regionales por delitos de corrupción, como sucedió al ex presidente de Ancash y otros. “La situación no es las mejores para el mandatario regional, pero debemos esperar las investigaciones, aunque creo que se están tardando mucho”, dijo.

Hallazgos

La CGR realizó una revisión de las acciones y procesos emprendidos por el GRA entre enero del 2011 y diciembre del 2013, periodo en el que este firmó un contrato con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM). Esta instancia desarrolló los procesos de selección de postores para la ejecución de proyectos y obras financiadas por el GRA, asunto que ahora es materia de cuestionamientos. Según el informe de la CGR, no había razones económicas para la suscripción de este contrato, que tampoco está en concordancia con la ley de contrataciones del Estado y su reglamento.

El informe también refiere que para la “aprobación de los expedientes técnicos, el presidente regional impulsó y creó una comisión encargada solamente de la recepción y la aprobación, pese a que de una comisión se exige que recepcione, evalúe y apruebe los expedientes”.

Desde el año 2012, algunos medios de comunicación denunciaron las presuntas irregularidades y direccionamientos de licitaciones a postores, y cuestionaron el convenio con la OIM. Lamentablemente, estas alertas no fueron tomadas en cuenta por las autoridades judiciales.