Por: Gilmer Inquilla

Una audiencia realizada el fin de semana pasado para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa Bear Creek Mining Company terminó en conatos de violencia cuando un grupo de ciudadanos interrumpió la exposición que realizaban los representantes de la empresa en el distrito de Corani, provincia de Carabaya.

Bear Creek Mining actualmente realiza trabajos de exploración y según el director regional de Energía y Minas de Puno, César Rodríguez Aguilar, aún deben reunir una serie de requisitos para iniciar sus trabajos de explotación, entre ellos la consulta a los pobladores de la zona.

Rodríguez Aguilar, pese a aclarar que el proyecto que se desarrolla en la zona es catalogada como gran minería, refirió que la empresa se encuentra en el lugar desde el año 2005. “Ellos están realizando dos proyectos: el primero una subestación de energía para mejorar el suministro de energía en Macusani y para abastecer de energía al proyecto en Corani. Lo segundo son trabajos de exploración para extraer plata pero para ello tienen que cumplir varios requisitos, uno de ellos es presentar el instrumento de gestión ambiental y para ello realizaron varios talleres”, explicó.

Familias que no han sido incluidas

Hasta el despacho del titular regional de Energía y Minas, llegaron integrantes de la familia Taca López para protestar en razón de que la empresa incumplió algunos compromisos. “Aparentemente la comunidad ha ido realizando las negociaciones, pero no incluyó a algunas familias. Sin embargo, la población tiene el derecho a exigir el derecho a la consulta al ministerio de Energía y Minas. Este es un proyecto que recién está cumpliendo los requisitos”, detalló.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Carabaya, Ronald Gutiérrez manifestó que la audiencia ha sido reprochable por la forma cómo la empresa se presentó sin haberse solucionado antes los problemas de los terrenos. “Con mucho derecho las familias hicieron este reclamo, el ministerio de Energía y Minas no podría otorgar una resolución aprobando el Estudio de Impacto Ambiental y otros procesos a favor de la empresa mientras no haya solucionado esto”, aclaró.

El alcalde también indicó: “La empresa tendrá que ser solidaria con su responsabilidad social, para por lo menos compartir sus utilidades de un 5 a 7 por ciento lo que significaría un aporte de entre 60 a 80 millones de soles anuales que permitirían desarrollar proyectos ambiciosos para la provincia”, subrayó.

El promotor ambientalista Cesar Quispe Calsín dijo que no es el único caso en el departamento con problemas socioambientales en donde hay superposición de títulos mineros sobre títulos de  propiedad de comunidades. “Tenemos en el país todo un proceso de consulta que está en marcha y debería implementarse como en este caso y que las autoridades tanto del ministerio de Energía y Minas y del ministerio del Ambiente deberían estar más presentes porque sólo cuando ocurren problemas gravísimos aparecen”, refirió.