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Santa Ana: Dos años después del aymarazo

Por Patricia Quiñones Pareja / Asociación SER

Publicado: 2013-12-26

Hace más de dos años Puno saltó a la escena nacional debido a la alta conflictividad social que paralizó a la región por varias semanas - generando pérdidas materiales cuantiosas y, lo más grave, la vida de cinco personas-, poniendo al gobierno de Alan García en una situación sumamente crítica. Uno de los motivos principales [1] fue el posible avance del proyecto minero Santa Ana [2] (situado en la provincia de Chucuito [3] y propiedad de la empresa Bear Creek Company Perú), de la fase de exploración a la de explotación, que propicio que un sector de la población puneña manifestara su desconformidad sobre ciertos aspectos de la actividad minera formal e informal en la región.

Este conflicto generó además la emisión de un paquete de normas legales sin precedentes, tal como la derogación del D.S. 083-2007 que autorizaba la concesión a la empresa Bear Creek a menos de los 50 km de frontera, la adecuación de los petitorios mineros y la suspensión de admisión de los mismos por 36 meses en Puno (D.S 033-2011- EM) [4].

Las razones del conflicto

Tras el conflicto surgieron diversas interpretaciones e hipótesis sobre los factores que lo desencadenaron y contribuyeron a su escalonamiento. Sin embargo, uno de los argumentos con mayor acogida en los medios y en ciertas instancias estatales tuvo que ver con el manejo del mismo por parte de líderes como Walter Aduviri o Hermes Cahuna (miembros del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur- FDRNZS) en relación a intereses personales y políticos. En otras palabras, se sugería que estos ‘manejaban’ a la población y que esta acataba todo lo que ellos proponían sin mayor análisis o reflexión crítica sobre la situación, negándoles toda capacidad de agencia. Desde esta mirada, no solo no se visibilizaban las posibles razones y demandas de la ciudadanía, sino tampoco las responsabilidades del Estado y de la empresa en relación al descontento de la población.

Aquí no se descarta que algunos líderes o lideresas puedan haber contribuido al escalonamiento del conflicto, así como contribuyó la lenta respuesta del aparato estatal, debido a agendas propias, pero esto no quiere decir que no existan preocupaciones reales y descontento frente a hechos concretos experimentados por la población. Por ejemplo, el proceso de concesión despertó bastantes suspicacias ya que la empresa logró obtener la autorización de poseer dichos derechos mineros luego de que se declarara la necesidad pública del proyecto mediante Decreto Supremo; y, por ende, autorizando su presencia a menos de 50 km de la frontera con Bolivia [5]. No obstante, no quedaron claros los motivos por los que se declaró dicha necesidad y el beneficio para la población local. Asimismo, en relación al proceso de concesión, generó suspicacias el hecho de que las concesiones no fueran tramitadas inicialmente por la empresa, sino por la ciudadana peruana Jenny Karina Villavicencio Gardini como persona natural para traspasarlas a la empresa posteriormente. Cabe precisar que luego se comprobaría su vínculo con la empresa, pues en el año 2006, según la información obtenida de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), se convirtió en su apoderada.

La figura del traspaso está permitida según el sistema de concesiones pero para la población la poca transparencia de la empresa al obtener la concesión generó recelo. Además hay que considerar que Chucuito es una zona que no ha estado expuesta a la actividad minera ni ha sido foco de interés para la solicitud de derechos mineros hasta inicios de siglo, donde, según información de INGEMMET, se puede ver un crecimiento significativo en comparación a los años noventa. Así, la empresa ingresó en un contexto sin experiencia previa, poca información sobre los procesos mineros y los derechos implicados, entre otros.

Otro punto de tensión fue la supuesta aprobación general que dio la población de Huacullani a Jenny Villavicencio para realizar actividades de exploración minera , tal como se indica en el acta de la reunión realizada en Huacullani el 18 de mayo del 2004, denominada «Acta de acuerdo de autoridades políticas, comunales, población en general del distrito de Huacullani». Para la empresa esta fue una señal clara de que la población aprobaba el proyecto, pero se ha cuestionado quiénes asistieron, el número y representatividad, la difusión de la convocatoria de dicha reunión, entre otros. Lo cierto es que tanto la población de Huacullani como la de los alrededores (que no es considerada dentro de la principal zona de influencia, pero se percibe como posiblemente afectada), no han tenido ni tienen una postura única sobre el proyecto minero, habiendo mucha incertidumbre en relación a los impactos en sus territorios y temor a que se comprometan recursos centrales para su subsistencia como son la calidad de suelos y el agua.

El tema de la focalización de las acciones de la empresa, relacionadas a la difusión y sensibilización sobre el proyecto, y la aplicación de los mecanismos de información también generaron críticas. Para cierto sector de la población ni la empresa ni el Estado se preocuparon por brindar información y sentar compromisos claros con las comunidades más allá de las cinco identificadas como zona de influencia directa (siendo en total 22 comunidades en el distrito de Huacullani). Mostrando una brecha entre la delimitación ‘técnica’ de estas zonas y la percepción de afectación existente, que además creció con el vacío de información, debilidad institucional y poca presencia del gobierno central, salvo en relación al interés por lograr el desarrollo del proyecto pero no por la mejora de algunos preocupantes indicadores sociales en la zona [6].

Las tensiones en la zona fueron evidentes desde el 2008, cuando la Defensoría del Pueblo registró acciones contra el campamento minero e insatisfacción de una parte de la población de Huacullani por el proyecto minero. Desde entonces el conflicto permaneció como latente, según los informes de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y Gobernabilidad, mostrando que el malestar podía llevar a un conflicto. De igual modo, durante el 2008 y el 2009 se enviaron oficios a instancias como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería- OSINERGMIN, la Presidencia del Consejo de Ministros y la misma Defensoría del Pueblo, solicitando la intervención de estas instituciones para fiscalizar a la empresa, los acuerdos asumidos por ella o demandar mayor información. Esto muestra que el conflicto tenía precedentes y que pese a que existen mecanismos legales orientados a que se respeten los derechos de información y participación de la ciudadanía, se presentan cuellos de botella, sobre todo en la aplicación de ellos, que finalmente pueden originar situaciones de vulnerabilidad e intensificar tensiones en los ámbitos locales.

Lecciones no aprendidas

Más allá de las razones vinculadas al 2011, habría que pensar si efectivamente ha habido cambios o qué avances se han dado luego del conflicto. ¿Se han implementado los cambios sugeridos en los Decretos Supremos con el fin de mejorar la situación de la población indígena y no indígena en las zonas mineras de la región de Puno? ¿Se ha buscado desde el Estado propiciar mecanismos de información en relación a los derechos de la población y responsabilidades de las empresas? ¿El Gobierno Regional y los gobiernos locales han realizado una labor sistemática para informarse y comprender el panorama en relación a esta actividad?

A primera instancia la respuesta parece no ser muy alentadora. En general los avances han sido pocos y se está a puertas de que venza el plazo de adecuación y de no admisión de petitorios mineros. En este contexto, desde hace unos meses representantes de la empresa Bear Creek han vuelto a manifestar su interés por recuperar los derechos mineros que se les retiraron e incluso en setiembre de este año han interpuesto un recurso legal para ello. Además han manifestado que podrían recurrir a instancias internacionales con el fin de lograr que el Estado retroceda en su decisión [7].

Se puede afirmar que el interés por retomar el proyecto Santa Ana tiene que ver, tal y como su presidente ejecutivo Andrew Swarthout manifestó, con otro proyecto de la compañía y un hecho que le da luz verde: la aprobación del EIA del proyecto minero Corani, situado en la provincia de Carabaya.. Esta ha llevado a los representantes de la empresa a declarar que dado que este necesita una fuerte inserción de capital consideran necesario destrabar el proyecto Santa Ana - proyecto de menor tamaño y costos más bajos- el cual ayudaría a hacer Corani viable [8] . Al cierre de esta edición, según diarios nacionales, Canadá se ha adherido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) hace unas semanas y se estaría barajando la posibilidad de que la empresa lleve el caso a dicha instancia [9].

Más allá de las acciones de la empresa en estas últimas semanas la respuesta del Estado, a través del ministro de Energía y Minas, ha sido rápida y ha manifestado su interés por resolver este tema sin llegar a instancias internacionales; sugiriendo esto a la empresa que podrían haber posibilidades para recuperar sus derechos, pero con una postura no tan clara sobre como asegurar que se respeten los derechos de la ciudadanía. Frente a esta coyuntura resulta pertinente llamar la atención sobre los factores que contribuyeron al conflicto, los pocos avances en los acuerdos entablados post conflicto del 2011 y la reincidente desarticulación entre los niveles de gobierno para abordar el tema de mediana y gran minería en la región, insinuando que los escenarios de conflictividad lamentablemente podrían repetirse. Por ello, es necesario aprender de las lecciones que dejó el conflicto del 2011 y recordar que el Estado debe asegurar se respeten los derechos de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas puneñas.

NOTAS:

1. Se dice que este fue solo uno de los motivos pues en el desarrollo del conflicto se sumaron otras agendas relacionadas a las concesiones mineras otorgados a la empresa Patagonia S. A., superpuestas al cerro Khapía, así como la preocupación por la posibilidad de la explotación de lotes petroleros en el lago Titicaca, la minería informal en el norte, entre otros.

2. El proyecto estaba orientado a la producción de plata -según la empresa se iba a obtener 5 millones de onzas al año desde el 2012 de haber sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- y contaba con reservas por 63,2 millones de onzas. Comprendía un total de seis concesiones mineras que abarcan 5,400 hectáreas.

3. Si bien el proyecto Santa Ana se ubica en el distrito de Huacullani, el área de influencia directa (AID) social establecida por la empresa, según el EIA del proyecto, considera a algunos sectores del distrito de Kelluyo.

4. Este decreto estipulo puntos importantes, entre ellos estableció que los petitorios mineros en Puno deberían adecuarse al D.S 023-2011-EM que aprueba el “Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas”, la necesidad de realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas ubicados en las zonas de influencia en donde ya se hubieran otorgado concesiones mineras y que estén vigentes; y, reafirmó que todos los titulares de concesiones mineras, previo al inicio de cualquier actividad, deberán contar con el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el propietario del terreno superficial establecido por la Ley No 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

5. Según el Artículo 71 de la Constitución del Perú esto está prohibido a menos que se declare mediante Decreto Supremo la necesidad pública del mismo.

6. Según el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) solo 24,9% tienen agua potable conectada a red pública, 42% carecen de servicio eléctrico, 29% carecen de algún tipo de desagüe (red pública o letrina) y la mayoría cuenta con letrinas.

7. http://elcomercio.pe/economia/1636785/noticia-bear-creek-busca-dialogo-gobierno-destrabar-santa-ana

8. http://gestion.pe/empresas/bear-creek-recibio-luz-verde-mina-corani-su-primera-opcion-santa-ana-2077091

9. http://www.expreso.com.pe/noticia/2013/11/29/gobierno-busca-evitar-demanda-millonaria-de-minera-canadiense.


Informe publicado en la revista Cabildo Abierto N° 72 (Diciembre 2013).


Escrito por

noticiasser

Una publicación de la Asociación SER


Publicado en

El blog de Noticias SER

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