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Publicado: 2014-02-05
El país entero ha sido testigo en estos días de cómo el Gobierno, haciendo caso omiso de las recomendaciones del relator de la ONU para los Pueblos Indígenas que recomendaba al Estado peruano realizar un estudio más profundo y una consulta previa a las comunidades indígenas de la zona sobre el impacto que podía tener la ampliación de las actividades extractivas en la zona, dio el visto bueno para que se amplíen estas actividades en el lote 88, poniendo de este modo en grave riesgo a los peruanos y peruanas que viven en estado de no contactados o contacto inicial. Para conocer y evaluar la dimensión de esa decisión gubernamental, Noticias SER conversó con Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) quien dejó en claro que lo que el gobierno ha puesto por delante han sido los resultados económicos antes que la sostenibilidad de un área y una población altamente sensible.
- ¿El que el viceministerio de Interculturalidad haya levantado las observaciones al proyecto de ampliación de Camisea en el lote 88 da una pista de cómo entiende este Gobierno su relación con las comunidades indígenas de la selva?
- La aprobación por parte del gobierno de la ampliación de los trabajos en el lote 88 es el resultado de un conjunto de medidas totalmente contrarias a la protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial que se han venido dando desde el año pasado.
- ¿A qué se refiere?
- Es evidente que lo que se acaba de aprobar es una decisión que se ajusta al modelo de crecimiento basado fundamentalmente en la extracción de recursos naturales, en este caso de gas e hidrocarburos, poniendo este tema por encima de la sostenibilidad ambiental y los derechos de los pueblos que habitan ahí. Porque la preocupación y el motivo por el que se cuestiona esta aprobación dada por el MINEM es que el lote 88 se encuentra superpuesto a una zona altamente vulnerable, habitada por indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial. Sin haber tomado todas las medidas necesarias ni haber hecho los estudios necesarios que puedan garantizar la vida de estos pueblos. El mismo relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas fue bastante explícito en su última visita oficial donde dejó una declaración en el que señala justamente que los trabajos que se vienen realizando ahí no podrían ser ampliados si es que no se hacen estudios detallados y exhaustivos, sobre los pueblos que viven en esta zona para poder garantizar sus derechos y la vida de los mismos.
- Precisamente, al respecto, ¿cómo interpretar que el relator de la ONU deje un texto explícito y sin embargo el gobierno hace tabla rasa y sigue adelante?
- Yo interpreto esto como una decisión que más que ajustarse a los estándares ambientales y de derechos humanos de los pueblos indígenas, se ajusta a una política de crecimiento marcadamente orientada hacia la extracción de recursos naturales que viene implementándose en los últimos 20 años y que este gobierno continúa. El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de asegurar que la demanda de energía, que la necesidad de recursos que tiene el país se puedan obtener sin que esto ponga en riesgo la vida y los derechos de los pueblos indígenas que habitan los lugares donde existen estos recursos. Pero da la impresión y todo muestra que el gobierno no tiene suficiente capacidad para compatibilizar la necesidad de energía con el respeto a los derechos de los pueblos.
- ¿Es lo que ha sucedido en el caso del lote 88?
- En este caso concreto del Lote 88 se ve claramente que la decisión busca justamente ajustarse a este modelo, a las necesidades y a las presiones que seguramente hay de un sector empresarial para que la ampliación del lote 88 se pueda concretar y seguir extrayendo de ahí los recursos que existen. Entonces no es una decisión que se hace dando prioridad a la sostenibilidad ambiental o a los derechos de los pueblos que viven ahí, sino más bien priorizando el modelo de crecimiento que se viene aplicando y que, lamentablemente, solo se orienta a extraer recursos naturales.
- La ministra de cultura dijo hace unas semanas una entrevista en la que se visión de la Interculturalidad pareciera ser más turística que propiamente cultural.
- Se comete el grave error de separar la perspectiva de Interculturalidad, el reconocimiento de los pueblos y el respeto de su cultura de la necesidad de redistribuir la economía o de hacer una distribución más justa de la economía y también de la necesidad de favorecer y promover la participación política y ciudadana de los pueblos indígenas y amazónicos que son pueblos históricamente excluidos y puestos al margen de los beneficios económicos que se obtienen en el país. Una interculturalidad que solo se plantea como una perspectiva o una valoración que se agota en el reconocimiento de la existencia de culturas diferentes, no es una interculturalidad critica ni tiene una postura ética y política que busca cuestionar las injustas relaciones que han caracterizado la historia del país y que todavía siguen vigentes y que tampoco plantean un cambio en las relaciones de poder, en la forma de relacionarse que existe actualmente en el país, de las jerarquías existentes desde el punto de vista social y cultural.
- ¿Es decir vacía de contenido político?
- Creo que esa forma de plantear la interculturalidad es una forma pasiva y funcional al sistema. Es una suerte de pasarela que celebra y que se alegra por reconocer la existencia de otros grupos culturales, pero que no cuestiona para nada la forma en que se ha construido la ciudadanía en el país en base a jerarquías y exclusiones que todavía siguen vigentes.
- En otro texto firmado por la ministra dice que la reforma social más importante en este gobierno ha sido garantizar los derechos de los ciudadanos indígenas y promover su desarrollo a través de la consulta previa y anuncia que están programadas para este año 14 de ellas. ¿Son viables estas consultas previas? ¿Hay voluntad de realizarlas?
- La consulta es un derecho de los pueblos indígenas que se ha reconocido con la ley de consulta previa que se aprobó hace más de dos años y que es una oportunidad y un avance importante en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos. Pero considero también que el cumplimiento de este derecho requiere políticas de fondo que permitan hacer más viable la implementación de este derecho.
- Algunas de estas consultas han querido ser cambiadas por mesas de desarrollo.
- El gobierno argumenta que la ley de consulta ha sido aprobada después de que esos contratos fueran firmados. Sin embargo, el gobierno olvida de manera interesada que el Convenio 169 de la OIT está vigente desde hace más de 17 años. Por lo tanto, los pueblos indígenas tienen el legítimo derecho de exigir que implementen el proceso de consulta en aquellas zonas donde habiendo lotes, donde hay contratos o las empresas vienen operando. Por otro lado, efectivamente en varias zonas de la Amazonia vamos observando que se busca acuerdos directos entre las empresas y las comunidades y organizaciones indígenas a través de la instalación de mesas de desarrollo. Me parece que esto está orientado a que la consulta sea algo que no tenga la importancia que se le debe dar, así el gobierno está dejando de lado la consulta previa poniéndola en una posición totalmente secundaria y accesoria. Considero que esto de cara al reconocimiento del derecho a la consulta y a la responsabilidad del Estado de implementarla, no es lo más positivo, no es lo más conveniente ni justo para los pueblos indígenas.
- ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil para que el estado cumpla con la obligación de consultar?
- Es importante que desde las organizaciones indígenas y las organizaciones de la sociedad civil se mantenga una vigilancia cada vez más rigurosa para poder exigir al gobierno, a las autoridades que se respeten los derechos de los pueblos indígenas pero también para que se eleven los estándares ambientales y de derechos humanos que siempre se deben tener en cuenta en los procesos de consulta pero también en situaciones como las que vienen sucediendo con el lote 88, donde definitivamente, los estándares no se están cumpliendo.
