Hace diez días el Ministerio de Energía y Minas aprobó finalmente el cuestionado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la ampliación de los trabajos de exploración del lote 88 en Camisea, donde se encuentra la “Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN)”, habitada por indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial, y que fuera presentado por la empresa Plus Petrol. 

La aprobación, hecha en el momento en que el país estaba pendiente del fallo de La Haya, paso prácticamente desapercibida en los medios nacionales, a pesar de que hace unos meses el mismo estudio había sido motivo de polémica por las 83 observaciones hechas por el Viceministerio de Interculturalidad en el mes de julio del 2013, y que luego fueron retiradas por presiones del más alto nivel y que llevaron a la elaboración de una nueva revisión en la que se hicieron 37 observaciones que rápidamente fueron levantadas por Plus Petrol.

La aprobación del EIA muestra que el Estado peruano, y en particular el gobierno del presidente Ollanta Humala, le importan muy poco los pueblos indígenas, siguiendo el discurso del “perro del hortelano” de su antecesor Alan García, y que tampoco le importa la declaración del relator para los pueblos indígenas de la Naciones Unidas, James Anaya, quien en diciembre pasado recomendó que “el Gobierno haga un estudio exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos competentes, acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote 88” .

Pero no solo resulta grave que no se haya hecho caso al relator de Pueblos Indígenas de la ONU, sino además que el informe sobre el EIA emitido por el Viceministerio de Interculturalidad haya señalado que existen dudas razonables de la existencia de indígenas en aislamiento; o lo que es peor aún, que la viceministra Patricia Balbuena haya declarado a la agencia Reuters que en el trabajo de campo que se realizó para elaborar el estudio sobre el EIA se encontró que los llamados indígenas no contactados ya no vivían en la mayor parte de la concesión. Así, el Estado peruano ha optado por darle luz verde a Plus Petrol, sin haber comprobado fehacientemente lo que afirma, poniendo en riesgo la vida y la salud de quienes ni siquiera son considerados ciudadanos de segunda categoría, sino simplemente inexistentes.

En Noticias SER consideramos que el Estado peruano ha actuado, como en otras ocasiones, con negligencia e irresponsabilidad, y ha optado por poner por delante la gran inversión por encima de los derechos y las garantías consagradas en la ley y los convenios internacionales. Una decisión por la que tendrá que responder –tarde o temprano- ante la justicia internacional por cualquier daño o afectación que el proyecto de Plus Petrol genere en la vida y la salud de los indígenas en aislamiento que habitan en el Lote 88.

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