Si al Gobierno le interesa verse en la primera plana internacional para destacar avances económicos, esta vez su imagen no es halagüeña. Importantes diarios de diversos países del mundo muestran con preocupación la aprobación gubernamental de la ampliación de las actividades de extracción gasífera del llamado Lote 88, superponiéndose sobre territorio que constituye una reserva de grupos indígenas en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial. En contraposición, la prensa nacional, mostrando los efectos monocordes de la concentración monopólica y de poder que ostentan algunos grupos económicos, guardan silencio o distorsionan la información con el recurrente argumento del interés nacional, a costa de todo, inclusive de la vida de poblaciones locales muy vulnerables, para quienes justamente fue creada esta reserva territorial como espacio de protección. [1]

Luego de que en julio del año pasado, el Viceministerio de Interculturalidad emitiera una resolución señalando 83 observaciones al EIA elaborado por encargo para la empresa Plus Petrol -mecanismo por demás arbitrario-, los pasos siguientes han sido, por decir lo menos, sospechosos o nada transparentes, con retrasos en las notificaciones al sector Energía, con una aparición colgada en la página web del Ministerio de Cultura sólo por unas horas para luego ser retirada, con cambios de opinión inusitados tanto del SERNANP como de la ANA, para finalmente ceder ante la presión del Ministerio de Energía y Minas que representa la política oficial del gobierno. En ese entonces, el anterior viceministro de Interculturalidad renunció como expresión de inconformidad y pareciera que la nueva autoridad en el cargo ha preferido consentir antes que mantenerse firme, como le debería corresponder en tanto entidad competente, mostrando nuevamente la tremenda debilidad institucional y de poder que poseen ministerios como el de Cultura y Ambiente.

Parte del propio documento de EIA de Plus Petrol refuerza estas preocupaciones, al indicar que “de todas las actividades hidrocarburíferas, la etapa de exploración es la que entraña el mayor riesgo de contacto con la población aislada”, y ello por la “alta movilidad de equipos de sísmica que se introducen en los bosques, incluyendo muchas veces zonas de cabeceras”. Asimismo, tampoco se ha considerado las recomendaciones al Estado peruano de James Anaya, relator de la ONU para los Pueblos Indígenas, sobre la condición previa de realizar un estudio antropológico antes de aprobar el EIA. La escasa transparencia se expresa en el desconocimiento público del levantamiento de las observaciones por parte de la empresa. Tampoco se conoce cuál sería el programa de desarrollo y de mitigación de impactos sobre las comunidades nativas, tema ya de por sí cuestionable porque no se trata de encarar riesgos que afecten espacios físicos, sino de garantizar a sociedades y grupos culturales el derecho a su existencia y su territorio, como cualquiera de nosotros.

Lo señalado avizora un panorama de escasas expectativas frente al recién creado Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), para reducir la situación de conflictividad existente, más aun si son las políticas públicas las que actúan como generadoras de conflictos. En este caso especial, la preocupación es mayor porque se trata de medidas políticas para facilitar inversiones económicas, sin importar la vida y la vigencia cultural de sociedades locales en peligro de ser exterminadas. Si ni el propio sector responsable de la protección de estos grupos humanos más sensibles es capaz de asumir sus competencias, se espera que las organizaciones de la sociedad civil reaccionen y se movilicen.

NOTAS:

1. La ampliación del Lote 88 (75 % del proyecto) se superpone en un 23% en el territorio de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, zona donde habitan poblaciones indígenas en contacto inicial y en aislamiento voluntario.