En una carta remitida al presidente Ollanta Humala, la Defensoría del Pueblo invoca a que el Estado y la empresa Pluspetrol Norte S.A. “realicen de modo urgente esfuerzos para asegurar la remediación ambiental” en los territorios de los pueblos Kickwa, Quechua, Urarina y Achuar, cuyas tierras pasaron a formar parte, desde los años setenta, del Lote 192 (ex Lote 1AB) y que actualmente explota la empresa argentina. Asimismo, solicita al Ejecutivo que “continúe con la preparación del proceso de consulta previa”, anunciado hace más de un año, “a fin de que este instrumento permita alcanzar acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas”. 

En su misiva, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, expresa su preocupación por la demora en la labor de descontaminación de las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, que sufren “graves problemas ambientales y sociales vinculados con las actividades de hidrocarburos en el Lote 1AB”, a fin de garantizar el derecho de estas poblaciones a “vivir en un ambiente sano”. Asimismo, Vega recuerda que los monitoreos ambientales llevados a cabo “identificaron riesgos significativos para la salud de la población por la presencia de sustancias contaminantes que exceden los parámetros ambientales nacionales”; de hecho, tres de las cuatro cuencas (Pastaza, Corrientes y Tigres) están declaradas en emergencia ambiental.

En su comunicación, la Defensoría considera que las demandas planteadas al Ejecutivo por las federaciones indígenas (indemnización y compensación por el uso de sus tierras, remediación de pasivos ambientales, titulación de sus territorios y servicios públicos) son “justas y atendibles”, pero dentro de “plazos razonables para su implementación”.

“Consideramos que es necesario restablecer una relación de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los pueblos indígenas de las cuencas señaladas, que contribuya con la generación de confianza en el cumplimiento, por parte del Estado, de los compromisos que asume y del marco jurídico que regula sus actuaciones”, manifiesta el defensor.

Consulta previa paralizada

Casi un año y medio después que el Gobierno anunciara en agosto de 2012 la consulta previa en este lote, ésta no sólo está paralizada, sino que ni siquiera está en su etapa preparatoria, tal y como lo confirmó la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena: “No hemos sido notificados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de que el proceso se está iniciando”. Perupetro -promotora de la consulta- ha mostrado su preocupación desde hace unos meses por el cronograma tan ajustado que tiene para poder implementarla, pues debe hacerlo antes de 2015, fecha en la que ya se tendría que haber licitado el lote debido al vencimiento del contrato de Pluspetrol. “El mencionado anuncio [de la consulta previa] generó expectativas en los pueblos indígenas de la zona, cuyos derechos podrían verse afectados con esta posible medida administrativa”, afirma Vega.

Cabe resaltar que el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino, se reunió en enero de este año con representantes de la Defensoría del Pueblo para expresarles su preocupación frente al vencimiento del contrato de la empresa Pluspetrol y la posibilidad de que no se implemente el proceso de consulta previa alrededor de este lote. Chino Dahua invocó a la Defensoría que se realicen todos los esfuerzos para que las comunidades indígenas puedan ejercer su legítimo derecho a la consulta previa y que esta entidad, junto al viceministerio de Interculturalidad, vigilen el cumplimiento del mismo. Asimismo, reclamó al Estado el cumplimiento del Plan de Emergencia pues hasta el momento denuncia que no se han solucionado problemas inmediatos como la falta de agua saludable o la contaminación de los alimentos.