En el mes que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, la clase política peruana se encargó nuevamente de pasarnos por encima y pisotear nuestros derechos. De la manera más lumpen el ex presidente García Pérez y su equipo, por el temor a la inhabilitación política, atropelló los derechos de una mujer que ha decidido criar sola a su hija y expuso a todo el país su caso, violentando así su derecho a la intimidad y los derechos de una niña de 10 años.

Por si fuera poco, este mes nuevamente volvió a la señal abierta el programa “La Paisana Jacinta”, una de las demostraciones más burdas de humor basado en la burla racista, facilona y estereotipada contra las mujeres andinas.

Lamentablemente, pese a todas las denuncias y protestas, el programa sigue en el aire gracias al susodicho rating, a unos empresarios televisivos que salivan pensando en cuánto facturarán y a un gobierno que, pese a tener como bandera la supuesta inclusión, no ha hecho en este caso el más mínimo esfuerzo por eliminar el racismo y la vulneración de derechos que se sigue dando contra las mujeres indígenas.

Hace tan solo unas semanas, frente a unas expresiones racistas contra un jugador de futbol brasileño, salió de manera inmediata la presidenta de Brasil, DilmaRousseff, a defender a su compatriota. Esto generó la reacción, tardía pero reacción al fin y al cabo, del presidente Humala quien de manera insólita salió a declarar contra el racismo.

Sin embargo, frente a estas muestras descaradas de racismo y burla contra nuestras compatriotas el gobierno no ha dicho esta boca es mía. Y claro, bajo el pretexto de libertad de empresa tampoco dirá algo.[1] Y no solo es la omisión y el mirar hacia otro lado. Es también negarles derechos.

Si miramos todo el bosque y no solo el personaje de este programa racista, nos damos cuenta que sobre lo que ya no se habla y se quiere hacer como si nunca hubiese pasado en el Perú, es sobre el conflicto armado interno. Y claro, al callar al respecto están también callando sobre las cientos de miles de víctimas que este conflicto dejó. Y es que no solo se trata del silencio; sino también de seguir negándole sus derechos, sobre todo a las mujeres que fueron víctimas. Como si el libreto de la Paisana Jacinta se complementara con el libreto de la negación por parte del gobierno.

Según el Informe Final de la Comisión dela Verdad y Reconciliación, el 75% de la víctimas fatales del conflicto tenía al quechua u otra lengua nativa diferente al español por idioma; además,solo en Ayacucho se concentró el 40% de las personas muertas y desaparecidas, mientrs que el 85% de las víctimas estuvieron en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica y San Martín. Es decir, si bien el conflicto lo sufrió todo el país, fue en esas regiones donde prácticamente se devastó ala población y donde gran cantidad de mujeres sufrió algún tipo de agresión sexual.

Son precisamente esas mujeres que vivían en zonas rurales y que sobrevivieron al conflicto, las que rescatando a sus hijas e hijos y escapando de la violencia y el terror, llegaron a las ciudades entre los ‘80 y los ‘90. Es también en la década de los ‘90, en uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia, que empezó este programa, siguiendo el modus operandi del régimen de la dupla Fujimori-Montesinos: al pueblo pan y circo (y si el circo se burla y banaliza a las víctimas del conflicto, pues mejor).

Pasado el conflicto, se han hecho esfuerzos para reparar a las víctimas. Uno de ellos fue la creación del Programa Integral de Reparaciones. Lamentablemente, este gobierno ha preferido hacer como si el problema no existiera y seguir de manera tibia el proceso de reparaciones iniciado al no realizar los ajustes que este requería. Uno de los principales es el de contemplar como parte de las afectaciones la violencia sexual, ya que a la fecha solo está contemplada la violación sexual.

Debido a las demandas de las organizaciones de derechos de las mujeres y de derechos humanos, en mayo de 2012 el Congreso de la República aprobó la modificación de la Ley del Plan Integral de Reparacionesa fin de incluir a “las víctimas de violencia sexual en sus diferentes formas, como la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el aborto forzado”.

¿Pero quién, en su sano juicio, no considera necesario incluir a la esclavitud sexual, la prostitución forzada o el aborto forzado como una afectación grave contra la dignidad humana? Lamentablemente, esta autógrafa aprobada por el Congreso, posteriormentefue observada por la Presidencia de la República.

De acuerdo a un enrevesado argumento, la Presidencia de la República consideró que la modificatoria de la Ley del PIR implicaba la adecuación del Registro Único de Víctimas, lo cual conllevaría a reabrir el proceso de inscripción de víctimas (cosa que no es cierta, porque estas afectaciones ya están inscritas [2] ). Esta modificatoria irrogaría un mayor gasto público; así que, debido a que no se había previsto dicho gasto con anterioridad, la propuesta afectaba el principio de equilibrio presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución.[3] En pocas palabras: por un problema de presupuesto, el Ejecutivo observó y frenó esta iniciativa.

El gobierno no ha entendido que el reconocimiento de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto no es un problema de presupuesto, sino de cumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado peruano con la ciudadanía.

A la fecha, hay un pre-dictamen pendiente en el Congreso con esta modificación –la inclusión de la violencia sexual en el Programa Integral de Reparaciones-. El Congreso tiene la responsabilidad de aprobarlo y el Ejecutivo de no observar la autógrafa y promulgar la Ley.

Seguir negándose a esto por razones presupuestarias es seguir negándoles derechos a las mujeres víctimas de agresiones sexuales en el conflicto armado, como también se ha hecho con las mujeres afectadas por la esterilizaciones masivas en esta misma época. Es decirles que sus derechos sexuales y reproductivos no le importan al Estado; es decirles que ellas no están en la lista a la hora en que el Gobierno habla de inclusión social. Es, en pocas palabras, mejorar el libreto racista de la Paisana Jacinta.

Notas:

1.¿Se pronunciarán en algún momento desde el Ministerio de Justicia y Derechos, quienes son los que están a cargo de la recién creada comisión contra la discriminación, la cual duplica funciones de varios ministerios y nadie entiende hasta ahora para qué está?

2.De acuerdo al Consejo de Reparaciones a diciembre de 2013 estaban inscritos en el Registro Único de Víctimas 1206 casos de violencia sexual http://www.ruv.gob.pe/archivos/Todos_Los_Nombres_MINJUS.pdf

3. Oficio N° 144-2012-PR, de 25 de junio de 2012, puntos 4 y 7.