Como ha quedado demostrado estos últimos días, el desafío que los mineros informales (e ilegales) le vienen planteando a la política de formalización requiere de una respuesta políticamente viable de parte del gobierno nacional, más allá de que sea comprensible que en este momento de negociación las autoridades gubernamentales afirmen que no habrá ampliación alguna posible del plazo que vence el 20 de abril próximo. 

Sin embargo, es imprescindible entender que cuando se cumpla tal fecha, el avance que pueda mostrar el gobierno será bastante limitado debido a que los serios problemas que existen para quienes han mostrado la voluntad de formalizarse y que ahora pasarán a la fase de ‘saneamiento’, lo puedan hacer realmente. Y esto se debe, sobre todo, a que no es posible poner orden en poco tiempo al enorme caos que el mismo Estado contribuyó a generar a lo largo de las últimas décadas.

Un tema que, conforme pasan los días, se va haciendo público y evidente es el referido a las dificultades que existen para la formalización y que derivan de las normas referidas a las concesiones que han permitido que estas sean explotadas por terceros, con o sin la autorización de los dueños; o con el hecho de que los propietarios del suelo, sean comunidades o pequeños propietarios, no hayan podido impedir la explotación del mineral a pesar de que en algunos casos están en contra de la actividad extractiva. Además de la existencia de una suerte de ‘mercado negro’de concesiones sobre el cual el Estado no ha tenido ningún control y que para ponerle fin tendría que prohibir la existencia de testaferros. Eso tendría un impacto en la mediana y gran minería, donde también existe un problema similar que al parecer el gobierno no quiere abordar.

Otro campo, en el que pareciera que el gobierno no tiene tanto apuro, es el referido al trabajo de inteligencia financiera que permita develar el proceso de lavado de activos vinculado a la actividad minera, lo que permitiría cortar la cadena de ‘legalización’ del oro que termina siendo exportado a través de empresas formales, a pesar de haber sido un mineral extraído de manera ilegal. Asimismo, hay aspectos de tipo social que afectan directamente los derechos humanos de quienes ejercen la actividad o viven en las zonas donde se realiza, tales como la semiesclavitud, la trata de personas o la prostitución clandestina que debieran ser enfrentados y no solo utilizados como parte de los discursos o campañas legitimadoras de la política del gobierno.

Por todas estas razones, el gobierno debe hacer el mayor de los esfuerzos para llevar a buen puerto el proceso de diálogo que viene desarrollando con los mineros informales que están movilizados en diversas regiones del país, ya que las decisiones que se tomen afectaran directamente la vida de miles de familias peruanas.

Por ello, en Noticias SER consideramos que es imprescindible que la voluntad y la decisión política vayan acompañadas de un conjunto de medidas y recursos financieros que permitan enfrentar con mucha mayor contundencia las diferentes aristas y frentes del problema, para que den continuidad a lo avanzado. Siendo esto así, no tendría que ser un problema que el gobierno flexibilice en parte su posición en torno a plazos y procedimientos. Ya que lo importante es resolver el problema y no solo lograr una victoria parcial que a largo plazo se puede convertir en una derrota para todo el país.