En los últimos días se viene discutiendo en la Comisión de Constitución del Congreso de la República la posibilidad de anular la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, existiendo hasta cuatro proyectos de ley propuestos por diferentes bancadas que buscan dar una respuesta política a los recientes escándalos y denuncias de corrupción que involucran a los gobiernos regionales de Ancash, Tumbes, Loreto, Lambayeque, Ayacucho y Amazonas. 

Como era de esperarse, la propuesta ha generado el inmediato reclamo de Alonso Navarro, presidente del gobierno regional de Ica, quien en su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha señalado, pensando en los congresistas, que de aprobarse tal propuesta esta debería hacerse extensiva a todos los cargos de elección popular. Asimismo, ha agregado que tal proyecto debería debatirse luego de las elecciones regionales, ya que de lo contrario se estarían cambiando las reglas de juego de un proceso electoral que está en marcha. Al respecto, es bueno señalar que el presidente de la comisión de Constitución, el congresista Omar Chehade, ha adelantado que de darse la reforma, esta no se aplicaría en el proceso electoral regional del mes de octubre.

Pero más allá de los dimes y diretes entre congresistas y presidentes regionales, lo que habría que preguntarse es si esta medida serviría finalmente para resolver el mal manejo de los recursos públicos, o si generará nuevos problemas. A nuestro entender, como señalábamos en un editorial anterior, parte de la crisis de Ancash se explicaba por la falta de sistemas de control interno, la pasividad ciudadana y la negligencia del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Pero existen otros problemas que no solo se dan en el campo de la política local o regional, sino que son extensivos al ámbito de los partidos nacionales y, en buena medida, son la causa de la emergencia de diversos caudillos que –en la mayoría de los casos– no tienen ningún vínculo con estructuras partidarias a quienes tengan que rendir cuentas de sus actos. En ese sentido, de poco o nada ha servido la ley de partidos políticos que luego de once años de vigencia no ha contribuido, lamentablemente, ni a fortalecer ni a democratizar los partidos existentes.

Sin embargo, aunque en Noticias SER creemos que la reelección inmediata puede ser una de las muchas causas de la corrupción regional, consideramos que un cambio legislativo de dicha naturaleza no resolverá los problemas del diseño institucional de la descentralización que requieren atención inmediata. Ante esta situación,creemos imprescindible que el Congreso de la República convoque, tanto al Gobierno nacional como a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, para –en base a diversas evaluaciones ya hechas– elaborar una agenda de reformas que tengan como finalidad consolidar un proceso que, con todos sus defectos, ha servido para que el Estado esté mucho más cerca de la ciudadanía de lo que lo estuvo en el pasado.