Hoy se inició el juicio por los hechos ocurridos el día 5 de junio de 2009 durante el operativo de desbloqueo de la carretera a Bagua en la llamada Curva del Diablo, que terminó en la muerte de 23 personas y tuvo como eco, horas más tarde, el violento ajusticiamiento de 19 policías en la Estación 6, caso que se ventila en otro proceso judicial. 

De los 53 acusados hoy, 23 son indígenas awajun-wampis, entre los que se encuentran los dirigentes Alberto Pizango y Santiago Manuin.

Como nuestros lectores recuerdan, el llamado ‘Baguazo’ fue el final de la segunda huelga contra un paquete de decretos legislativos que afectaban directamente a las comunidades nativas y pueblos indígenas de la Amazonía, y que habían sido justificados por el gobierno aprista -en especial por la entonces ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz- como condición para la firma del TLC con los Estados Unidos, lo que era falso, como quedaría en evidencia después.

El entonces Presidente de la República, Alan García, elaboró un discurso bastante elemental y profundamente racista contra los pueblos indígenas de la Amazonía y de la sierra, que se conocería como la doctrina de “El perro del hortelano”, debido al título de una serie de artículos que publicara García en el diario El Comercio entre octubre de 2007 y marzo de 2008, en los que explicaba su postura. Un discurso que nos devolvía al siglo XIX y acusaba a dichos pueblos y comunidades y a sus defensores de ser enemigos del desarrollo del país, debido a que no permitían que se aprovecharan los recursos naturales y que, a entender del entonces presidente, debían ser entregados al capital transnacional.

Fue en ese clima que el gobierno aprista optó por reprimir la protesta amazónica, sin medir la reacción que el uso de la fuerza provocó en los indígenas. El costo fueron las vidas de 33 peruanos, tanto civiles (indígenas y mestizos) como policías muertos en la Curva del Diablo y en la Estación 6. Estas muertes se habrían evitado si el gobierno hubiera sido capaz de reconocer que la demanda indígena amazónica -ser consultados sobre los decretos mencionados- se hubiera cumplido. Hicieron falta dos años más para que –ya en el gobierno de Ollanta Humala- se aprobara la ley de consulta previa, que tantas dificultades tiene para ser aplicada.

Resulta insólito que solo encontremos en el banquillo de los acusados a quienes dirigieron la huelga amazónica como Pizango o Manuin – este último fue gravemente herido en los hechos por lo que se le juzga- o a indígenas que reclamaban por sus derechos. Y peor aún, que se solicite para ellos 35 años de cárcel o cadena perpetua, mientras que los responsables políticos del gobierno peruano, los que ordenaron el operativo policial y crearon las condiciones que derivaron en los hechos de violencia, no sean siquiera considerados en la acusación fiscal. Y más insólito todavía que se haya rechazado el pedido de uno de los abogados de la defensa de incluir a Alan García, YehudeSimons, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz en el proceso.

Por ello, en Noticias SER consideramos que es poco probable que el juicio que hoy se ha iniciado -sin traductores para los indígenas acusados, ni peritaje antropólogico- nos acerque a la verdad de los hechos ocurridos en la Curva del Diablo, menos a la justicia. Por el contrario, sólo servirá para profundizar aún más la brecha entre los pueblos indígenas de la amazonía y el Estado peruano que el ‘Baguazo’ reveló.