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Publicado: 2014-06-19
La ofensiva contra el sistema de gestión y protección ambiental por parte del sector empresarial del país acaba de apuntarse casi una victoria si se concreta la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que pretende restarle atribuciones al Ministerio del Ambiente propias de su materia, como es la facultad de declarar Zonas Reservadas y de elaborar los Estándares de Calidad Ambiental. ¿Qué impacto pueden tener estas medidas si se concretan? ¿Hasta qué punto quedará desprotegido el medio ambiente y los recursos naturales? Para tratar de entender las implicancias de esto, Noticias SER conversó con César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en derecho ambiental.
- Las propuestas del MEF para reactivar nuestra economía, ¿apuntan directamente a socavar la institucionalidad del Ministerio de Ambiente?
- Es parte de un proceso de debilitamiento de la autoridad ambiental porque el sector privado, algunos expertos, medios de comunicación, diarios tradicionales y las propias autoridades de los sectores productivos extractivos, lo han venido señalando reiteradamente.
- Preparando a la opinión publica para esto.
- Exacto. Yo quiero dejar sentado esto porque lo venimos observando desde hace tiempo. Creo que es el corolario de varias medidas que pretenden reducir las competencias del ente rector del sistema nacional de gestión ambiental. Así como existen ministerios que son entes rectores en el sistema de gestión pública de educación, salud, economía, hay un sistema de gestión ambiental, y es el Ministerio de Ambiente. Es la máxima autoridad. Ahora lo que se pretende es reducir su autoridad y su autonomía.
- ¿Cómo así?
- Al señalar que la aprobación de los limites de máximo permisibles o estándares de calidad ambiental, que son instrumentos de gestión ambiental de control que limitan cualquier actividad humana que pueda ser contaminante, ya no la haga el MINAM sino que ahora tendría que pasar por el voto aprobatorio del Consejo de ministros, que no es un órgano técnico sino político. Estaríamos retrocediendo del ente rector que era el MINAM a un ente coordinador como ocurría con el Consejo Nacional del Ambiente. Es un retroceso y por tanto se estaría vulnerando no solo el marco legal actual. Si se modifica ese marco legal, no habría ninguna regulación por el Congreso de la República sino que se estaría vulnerando el Tratado de Libre Comercio entre Perú y EE.UU. que señalaba que hay un principio de progresividad en materia ambiental que el Perú tiene que asegurar.
- Si se concretan estas medidas que propone el MEF, ¿cuál es la situación real en la que quedaría el Ministerio del Ambiente?
- En la gestión ambiental, sobre todo para las inversiones, quedaría bastante disminuido. No tendría control sobre los posibles peligros ambientales. Las únicas competencias serían dos. La función normativa para la evaluación ambiental, para los estudios de impacto ambiental. En general, cada sector tiene todavía la facultad de aprobar los EIA, pero el MINAM sería como un ente que va a regular los principios generales de esa evaluación; y la segunda sería el Senace, que también entraría en cuestionamiento porque si esto continua van a querer retrasar la implementación del Senace que se va a encargar de evaluar los EIA de proyectos más complejos, los que generan un impacto irreversible. Entonces, jurídicamente quizás no quedaría tan disminuido, pero políticamente sí.
- Ante esa disminución de sus competencias, ¿el panorama que se presenta al país en materia ambiental es negativo?
- Lo que está aumentando es el riesgo ambiental; es decir, al tener una autoridad disminuida y sin capacidad. Estos procesos de aprobación de los límites máximos permisibles o los EIA van a demorar 60 días. Estamos hablando de procesos técnicos que ahora serán políticos porque los decidirá el Consejo de ministros.
- En sus términos, ¿ha triunfado la visión de acabar con la ‘permisología’ que tanto criticaba el empresariado peruano? ¿Se puede decir que sí?
- Creo que se está avanzando en esa tendencia. Si tuviera que decirle que ha triunfado, le diría que no porque todavía faltan otros elementos que vencer. Si habláramos de finiquitar la ‘permisología’, si estas propuestas incluyen que sus opiniones ya no son vinculantes, es decir, no son obligatorias de seguirlas, ya con eso sería un proceso rápido.
- ¿Pero cuál es el tema de fondo en la agenda de los empresarios?
- El tema de fondo es que el empresariado cree que por reducir los tiempos o los trámites administrativos nuestro país se vuelve más competitivo. Parten del concepto que hay que generar confianza en el sector privado para que este apueste. Lo que pasa es que como no hay una ganancia neta a corto plazo quieren reducir los plazos. El tema de fondo es que si queremos inversiones a largo plazo, pensando en el país, no solo a tres o dos años, cuando acabe este gobierno, sino los próximos diez años, tenemos que fortalecer el aparato institucional estatal.
- Pero eso no se hizo
- Efectivamente, por ejemplo, si el Perú en los últimos diez años ha tenido el boom de la minería, como es posible que no haya tenido un plan B o un plan de diversificar su economía con tanta renta extractiva. Debió haberse apostado por la innovación, tecnología o tratar de impulsar otro tipo de actividades económicas. Tenemos también un aparato institucional que no puede fiscalizar ambientalmente que es la OEFA, a la que también quieren eliminar su facultad sancionadora. En vez de debilitarlo y aumentar el riesgo, lo que tenemos que hacer es fortalecer ese aparato. La evaluación y la fiscalización para reducir el riesgo ambiental, reducir los conflictos y así las inversiones sean mucho más viables.
- ¿Quisiera agregar algo más?
- Son preocupantes todas estas medidas. Creo que la sociedad civil debe responder de manera clara, con propuestas ante estos temas. Sobre todo porque todavía no tenemos toda la información. Tenemos dos de estos temas, pero quizás son más. En el caso ambiental hay una regla específica que se llama gobernanza ambiental. No se puede hacer cambios a la gestión ambiental al caballazo. Si se van a hacer cambios tienen que ser de manera participativa y no través de una medida autoritaria.
