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Publicado: 2014-08-14
Adelina García Mendoza, Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP), habla sobre la transferencia de los terrenos de La Hoyada al gobierno regional de Ayacucho, la construcción del Santuario de la Memoria y la demanda que ha presentado su organización para la reapertura del Registro Único de Víctimas
- Hace unos días, el gobierno nacional transfirió oficialmente al gobierno regional de Ayacucho, los terrenos de La Hoyada, donde se tiene proyectado construir el Santuario de la Memoria. ¿ Se tardó mucho en este proceso?
- Sí, porque fueron más de nueve años que estuvimos demandando que estos terrenos, donde se encontraron enterrados cuerpos de víctimas que fueron torturadas y muertas en los años 80, fueran transferidas al gobierno regional de Ayacucho. Ha sido un constante trabajo de todos los afectados, acompañados por algunas organizaciones. Ahora la tarea es la construcción del Santuario de la Memoria en estos terrenos, que se constituye como una reparación simbólica.
- ¿Cómo recibieron la noticia de la transferencia de estos terrenos los miembros de las diversas organizaciones de afectados de Ayacucho?
- Para todos fue una buena noticia. Si bien hubo algún desaliento por el tiempo en que se venía haciendo el trámite, nunca se perdió la esperanza. Además, era una promesa del gobierno, y había una preocupación constante porque no podíamos gestionar la construcción del Santuario de la Memoria, porque los terrenos no estaban saneados. Ya estamos un paso más adelante, pero siempre preocupados, porque siempre hay personas que están invadiendo estos terrenos
- Hace unos años se hablaba de diez hectáreas, pero ahora se indica que el Santuario de la Memoria sólo se construiría en una extensión de 4.5 hectáreas. ¿Qué sucedió?
- Cuando planteamos al gobierno la idea de la construcción del Santuario de la Memoria, los terrenos de La Hoyada eran una pampa de casi 10 hectáreas, pero ahora sólo existen 4.47 hectáreas. Se ha reducido por el descuido de las autoridades, que no velaron por la integridad de estos terrenos, y los invasores se han posesionado en gran parte de ellos. Ojalá que con las denuncias que venimos haciendo se paralicen estas construcciones que están realizando los invasores, y también nos sentimos mal porque el área se ha convertido en botadero de desmonte.
- El gobierno regional se comprometió a construir un cerco perimétrico para La Hoyada. ¿Ya se iniciaron los trabajos?
- El cerco perimétrico está en proyecto. Estamos exigiendo que se haga para proteger La Hoyada de los invasores. Además, hay un grupo de jóvenes arquitectos de Lima, quienes nos están apoyando.
- El Ministro de Justicia, Daniel Figallo, hizo algunos anuncios a favor de las víctimas, el día de la entrega de los terrenos de La Hoyada. ¿Cómo calificaría estos anuncios?
- Lo del apoyo de cinco abogados para acompañar a las víctimas en los procesos judiciales está bien, pero esperemos que se cumpla. Asimismo, creo que es muy tardía la reacción del gobierno, porque muchas madres han fallecido sin encontrar justicia. De Figallo, como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, yo esperaba otros anuncios, como el apoyo con presupuesto para la construcción del cerco perimétrico de La Hoyada o para la construcción del Santuario, pero no dijo nada.
- Pasando a otro tema: ¿Qué acciones se han emprendido desde ANFASEP para que el gobierno reabra el Registro Único de Víctimas?
- El pasado 8 de agosto hemos presentado una demanda para que se abra el Registro Único de Víctimas. Ojalá se priorice y solucione pronto ese tema. El registro se cerró con el decreto 051, que fue promulgado por el gobierno de Alan García, en el 2011, aunque posteriormente se inscribieron los que faltaban, pero estas personas no van a tener la condición de afectados y ya no van a tener el derecho a recibir la reparación económica.
- Pasando a otro tema: ¿Qué acciones se han emprendido desde ANFASEP para que el gobierno reabra el Registro Único de Víctimas?
- El pasado 8 de agosto hemos presentado una demanda para que se abra el Registro Único de Víctimas. Ojalá se priorice y solucione pronto ese tema. El registro se cerró con el decreto 051, que fue promulgado por el gobierno de Alan García, en el 2011, aunque posteriormente se inscribieron los que faltaban, pero estas personas no van a tener la condición de afectados y ya no van a tener el derecho a recibir la reparación económica.
- ¿Hay algún avance respecto al pedido de incremento de las reparaciones económicas individuales?
- A pesar de que hemos ido a conversar con autoridades del Ministerio de Justicia, hasta el momento no hay nada de avance. Nosotros hemos pedido 120 mil soles, pero dijeron que era demasiado, a pesar de que hemos sustentado. Posteriormente se planteó 10 UIT, que equivale a 36 mil soles; ni siquiera eso hasta ahora lo toman. Nosotros estamos insistiendo y las autoridades hasta se han molestado, diciendo que solo pedimos plata, y no se trata de eso, porque la reparación es un derecho que tenemos todas las víctimas. Por ello, el Estado debe cumplir con reparar dignamente a las víctimas.
- A pocos días de cumplirse un año más de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ¿Hay avances en la implementación de las recomendaciones del informe?
- Los objetivos de ANFASEP son verdad, justicia y reparación. Lo de las reparaciones se está dando de forma limitada, pero en el tema de la judicialización de casos de violación de derechos humanos, no hay todavía muchos avances; estamos lejos. En otras cosas, como la reparación simbólica, todavía es muy poco lo que se ha hecho. Ojalá se construya el Santuario de la Memoria; sería un avance. En la búsqueda de desaparecidos todavía no se ha avanzado, pero ya está en proyecto y estamos exigiendo que se inicien estos trabajos.
