Como era de esperarse, el discurso de investidura de la Primera Ministra Ana Jara, no trajo mayores sorpresas, y, en buena medida, fue una suerte de glosa del Mensaje a la Nación del Presidente Ollanta Humala. La intervención se concentró en cinco grandes campos de acción, como son: la educación, la salud, la seguridad ciudadana, el crecimiento y la inversión productiva, y la lucha contra la corrupción, reafirmando los gruesos silencios sobre temas fundamentales, como la política ambiental, los Derechos Humanos y la descentralización. 

En relación a la brillante ausencia de la política ambiental, impresiona sobremanera que la única mención haya sido la referida a nuestra condición de país organizador de la COP-20, que, a decir de la ministra Jara, representa “una oportunidad inmejorable para impulsar acciones concretas en beneficio de todos los peruanos, y promover de manera decidida un verdadero desarrollo sostenible”, pero sin aludir ninguna medida concreta al respecto. A ello habría que agregar la defensa velada del paquetazo ambiental, cuando se señala que “los trámites y permisos en muchos casos se ha vuelto excesivamente engorrosos, y un desincentivo involuntario a este objetivo de atraer inversión privada”.

Pero si la ausencia de mención alguna a los Derechos Humanos ya no causa mayor extrañeza, debido a que es una constante en el discurso gubernamental, sorprende un poco que luego de que la viceministra de interculturalidad ha anunciado que el próximo año se iniciarán las consultas previas para proyectos mineros ubicados en la sierra y que el gobierno ha declarado agosto “el mes de los pueblos indígenas”, estos no hayan sido mencionados. Tal silencio estaría expresando que estos actores siguen ocupando un rol marginal en las políticas de la actual gestión.

También llama poderosamente la atención la ausencia de mención alguna referida al proceso de descentralización y al ofrecimiento hecho por presidente Humala, en su mensaje del 28 de julio, de presentar “en esta Legislatura, modificaciones al proceso de descentralización, que ayuden de manera efectiva al crecimiento y a la inclusión, a dotar de mayores oportunidades, mejores servicios y una mejor calidad de vida a la población en nuestro país, que permitan articular las políticas entre los tres niveles de gobierno”. Más allá de un par de referencias aisladas a los gobiernos locales y regionales, estos han desaparecido en el discurso gubernamental, hecho que es una peligrosa señal para estas instancias, en un contexto en el que se hallan cuestionadas por las graves denuncias de corrupción de los últimos meses.

Y sorprende porque, luego del mensaje presidencial, se iba construyendo un consenso sobre la necesidad de abrir un debate que llevara a ciertas reformas de la descentralización. Inclusive llama la atención que el proyecto de redistribución del canon minero al interior de las regiones receptoras del mismo, ofrecido por el Presidente, y que según el ministro de Economía, ya estaba listo para ser enviado a fines del presente mes, ahora goce de un plazo de 90 días, lo que resulta elocuente respecto a los temores del gobierno de abrir el debate sobre la renta minera en pleno proceso electoral regional y municipal.

En Noticias SER consideramos que el discurso de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, reafirma la opción recentralizadora de un gobierno nacional que ha pasado de la crítica a la invisibilización de los gobiernos sub nacionales. De esta manera, estos se suman a otros actores, como los pueblos indígenas, que ocupan un lugar marginal y subalterno en la agenda de un gobierno central cuyo discurso sobre la inclusión ha quedado solo en palabras.