Publicado: 2014-11-28
Maria Ysabel Cedano, directora de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, conversó con Noticias SER sobre la situación de la violencia contra la mujer en el Perú. Así mismo, hizo un análisis sobre las políticas que está desplegando el Estado para la reducción de las cifras que dan cuenta de esta problemática.
- ¿Cuál es la realidad de la violencia contra la mujer en el Perú? ¿Se puede decir que estamos en una situación crítica?
- Me encuentro en el XIII Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, que se realiza en Lima, reunida con 1500 mujeres, quienes al final del encuentro han demandado una acción urgente para América Latina y el Caribe, porque la evaluación es que nos encontramos en un estado de alta violencia contra las mujeres, de vulneración de derechos, así como de afectación sobre su capacidad de decidir sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, de una amenaza y de una grave vulneración sobre el derecho a la vida, la integridad, la libertad. Asimismo, en el Perú se mantiene un alto número de feminicidios. Si no me equivoco, hay 80 en lo que va del año, y ayer, los medios de comunicación daban cuenta de uno. Entonces, es una situación muy grave ver que se mate a las mujeres, que se les viole, porque los hombres quieren ejercer control sobre su cuerpo y su sexualidad. Tenemos 48 violaciones sexuales diarias, en su mayoría contra niñas y adolescentes, que tienen que pasar de su niñez y adolescencia a su etapa adulta con iniciaciones sexuales contra su voluntad. Esa es la realidad.
- Si hablamos de cifras ¿Cuáles son las formas de violencia hacia la mujer que se registran en mayor porcentaje en nuestro país?
- La violencia que se ha empezado a denunciar es la violencia física y psicológica en la relación de parejas. Tenemos datos del Ministerio del Interior, de las comisarías y de los Centros de Emergencia Mujer, pero también existe una gran cantidad de mujeres que aún no denuncian y menos si se trata de violación sexual, que llega a magnitudes insospechadas, ya que se calculan unos 300 mil casos al año, y es solo un porcentaje mínimo el que se denuncia. Otros puntos que no debemos olvidar son la violación sexual que se dio antes, durante y después del conflicto armado en el Perú, la violación sexual que sospechamos se debe estar dando también en contextos de conflictos socio-ambientales, el acoso sexual callejero, que es cotidiano, porque siete de cada diez mujeres habría declarado que lo padece. También están otras formas, como la trata el de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, y, sin duda, también el hecho de que las mujeres sigan muriendo porque no pueden acceder a un aborto legal y seguro. Entonces, hay violencia sexual, reproductiva, y nuevas formas que están apareciendo, como la que se ejerce a través de las redes sociales y otras formas que son menos visibles.
- ¿Hay políticas, programas o proyectos adecuados desde el Estado para reducir las cifras sobre estas formas de violencia contra la mujer?
- El Estado ha producido leyes y políticas públicas, pero hay dos problemas que nosotros siempre criticamos: uno es el enfoque, que no ataca de raíz al problema, porque no ataca al patriarcado ni al machismo, que siguen vivos, que dañan, violan y matan y, que no son contrapesados por el Estado que es cómplice del machismo, por no prevenir ni sancionar estos hechos. Asimismo, hace falta una política pública de educación sexual integral, que permita que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo y ejerzamos autonomía sexual desde la infancia, así como que esta sea reconocida por todos los hombres. Poco es también lo que se hace con los servicios de recepción de denuncias o de atención a las víctimas, cuando ya estas han sido violentadas, y no hay una prevención debida.
- Teniendo en cuenta el presupuesto del 2014, el gobierno destinó para la lucha contra la violencia familiar y sexual solo el 0.09% ¿Se puede decir que las instancias el Estado no entienden la magnitud del problema?
- No negamos que hay Centros de Emergencia Mujer, que cada día son más; no negamos que hay programas para incorporar inclusive a las propias víctimas como facilitadoras contra la violencia hacia las mujeres, o barrios articulados por el Centro de Emergencia Mujer con las leyes, pero este accionar es microscópico ante la magnitud del problema de violencia hacia la mujer. Y, además, no se tiene la línea de prevención, y las acciones no tienen un enfoque que devuelva a la mujer su autonomía reproductiva, sino uno de asistencia o que prioriza la preservación de la familia, pero no se reconoce la autonomía de las mujeres. Entonces, es la apariencia de que se está haciendo cosas, pero con una inversión tan escasa, los impactos no son considerables.
- ¿Cuánto del marco normativo sobre igualdad de género y contra la violencia hacia la mujer se está implementando?
- Tomando en cuenta los informes de la Defensoría del Pueblo y los balances que se han hecho, es poco lo que se ha avanzado en el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer. Asimismo, hay ministerios como los de Salud e Interior, o el de Educación, que no hacen nada, porque, además, no tienen información de cuánto es lo que han invertido para cumplir con sus competencias en el marco de dicho plan, si uno lo solicita.
- No permitir la despenalización del aborto en caso de violación es una forma de violencia hacia la mujer. ¿Por qué, entonces, hay tanta oposición a su aprobación?
- En realidad, cada día crece la opinión a favor, pero tenemos un Congreso en el que un sector de la bancada fujimorista, con los y las congresistas Aguinaga, Salgado, Chávez, se oponen al proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual, básicamente por razones ideológicas vinculadas a la religión católica. Las congresistas pretenden imponernos sus valores y creencias religiosas sobre el derecho a la vida, pero no defienden el derecho a la vida de las mujeres. Defienden el derecho a la vida del concebido, el feto, pero no defienden los derechos a la vida digna de los niños, las niñas, los y las adolescentes.