En Barranca, Paramonga, a 20 kilómetros de Caral -la ciudad más antigua de América- funciona la fábrica productora de azúcar de la empresa AIPSA. A diez metros de distancia, está el asentamiento humano Nueva Esperanza, donde vive la señora Isabel Caro. El humo que emana la fábrica pinta el cielo de gris, y una ceniza, llamada técnicamente “bagacillo”, viaja junto al humo para alojarse en las esquinas, en las paredes de las casas, en las puertas, en los pisos, en la ropa recién tendida, en los alambres, en las ventanas y en los pulmones de los miembros de más de 600 familias que viven en Nueva Esperanza. 

Isabel Caro ha tapado sus ventanas de vidrio con mosquiteros verdes. A las dos de la tarde, estos ya aparecen grises por el bagacillo que se retiene en él. Su hija de 18 años sufre de asma y tiene constantes ataques de tos. Ella tiene la certeza que es culpa del aire contaminado que respiran y que produce la empresa de lunes a domingo, 24 horas por día.

Desde 1999, AIPSA produce azúcar para la venta al por mayor. Sin embargo, en el 2011, el Estudio de Impacto Ambiental que la compañía presentó, fue desaprobado, pues, según el Ministerio de Agricultura, el aire emitido “excede el nivel de partículas totales en suspensión, así como el diámetro menor de 2.5 micras por partícula”. Ambas medidas forman parte del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y están incluidas en la Guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

AIRE EN DEBATE

Una de las características de la fibrosis pulmonar es la hemoptisis: la persona que la sufre tiene espasmos de tos y expulsa sangre acumulada en los pulmones. Esos fueron los síntomas que presentó Adela Mendoza, antes de morir, en diciembre del 2011.

Según el certificado médico N° 3708105, de febrero del 2011, Adela, de 56 años, tenía bronquitis crónica y fibrosis pulmonar. En julio de ese año, un informe tomográfico mostró que la paciente seguía padeciendo el mismo mal y signos de contaminación infecciosa. Cuando Viviana Florentino, su hija, pidió a AIPSA que se hiciera responsable del tratamiento de su madre, los representantes de la empresa le dijeron que no era su obligación ayudarlas, pero que, por “solidaridad” les darían una mensualidad de 500 soles.

Narciso Díaz, presidente de la junta vecinal de Nueva Esperanza, al igual que los otros vecinos, respira el aire infiltrado de partículas sólidas, todas las mañanas antes de partir al trabajo y todas las noches al regresar a casa. En el 2011 decidió encabezar el reclamo de todos los afectados y denunciar a la empresa.

Mientras que las autoridades se enredan en la burocracia, AIPSA sigue quemando y moliendo azúcar, pese a que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N° 27446 estipula que “ninguna entidad privada podrá iniciar ninguna actividad, ni ninguna autoridad de alguno de los tres niveles de gobierno podrá autorizarla, si es que no cuenta con la certificación ambiental, expedida por la autoridad correspondiente”.

A esto se suma la conclusión de Defensa Civil sobre el inmueble de la empresa, que no cumple con “las normas de seguridad establecidas en la normativa vigente”, según carta múltiple N°112-2012-ORDC. Aún así, ni la Municipalidad de Barranca ni el Ministerio del Ambiente han concretado la suspensión de las actividades de la fábrica.

Lejos de tomar cartas en el asunto, frente a las protestas, la empresa interpuso, a través de su representante legal y ante el Primer Juzgado en lo Civil de Huacho, una denuncia por difamación agraviada en contra de Yofré López, uno de los primero periodistas que evidenció la contaminación producida. La empresa no niega su responsabilidad por la situación de contaminación en la zona, pero se defiende aduciendo que existen otros factores que también contaminan, y que no se puede establecer una relación exacta de las enfermedades y los residuos dañinos.

Mientras que la PCM ignora las demandas y protestas de la población del lugar, la Defensoría del Pueblo sí las ha acogido y las ha calificado de “conflicto socio ambiental, según el oficio Nº427-2014-WRL/CR.

El ente encargado de llevar este conflicto a una solución consensuada, mediante una Mesa de Diálogo, es la ONDS (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad), que busca hacer que la empresa se comprometa a INVERTIR EN la adquisición de dos estaciones de vigilancia de la calidad de aire para material particulado. Esta inversión asciende a 42 mil dólares.

Un factor adicional a tomar en cuenta es la división que las protestas han provocado entre los vecinos. Miriam León, por ejemplo, sabe que esa gran chimenea amenaza sus pulmones a diario, pero su hijo trabaja en la empresa y no quiere que la cierren, pues es su única fuente de ingresos. Otro habitante de Nueva Esperanza, que trabaja como evaluador de caña la fábrica – y que no quiso dar su nombre- asegura que en la empresa labora con trajes, guantes y mascarillas que impiden un contacto directo con el humo. “Y. bueno, fuera del lugar no podemos tener esas cosas. ¿Pero, en dónde no hay contaminación?” se pregunta.