Brasilia fue la sede del taller Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en un Contexto de Seguridad Alimentaria Nacional y los Retos hacia su Implementación. El evento, realizado los días 28 y 29 de agosto, fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil (MDA), el Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), órgano asesor especializado del Consejo del Mercado Común (CMC), principal órgano de dirección política del MERCOSUR. 

El taller tuvo, entre otros objetivos, profundizar en el conocimiento de las DVGT y los alcances de su aplicación en diferentes países de la región, así como posibilitar el intercambio y conocimiento sobre cómo estas se están implementando en cada país, así como las visiones y los procesos en los que están inmersos la sociedad civil y el sector privado en relación con las DVGT. Vale señalar que las Directrices Voluntarias tienen como propósito servir de referencia mundial para la promoción de la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques, con respecto a todas las formas de tenencia: pública, comunal, indígena, consuetudinaria e informal. Son el resultado de un consenso, luego de un proceso amplio de consultas y negociaciones, y buscan aportar al logro del derecho a la alimentación y la erradicación del hambre, así como contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida, la estabilidad social, la protección medioambiental y el desarrollo económico y social, especialmente de las personas y poblaciones más vulnerables.

Durante los dos días del evento, en el que participaron más de 45 personas –funcionarios y funcionarias, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil provenientes de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú–, se presentaron los avances, las limitaciones y los retos que entraña la implementación de este valioso instrumento.

El evento contó con la presencia del representante de la FAO en Brasil, Alan Bojanic, el secretario de Reordenamiento Agrario del Ministerio del Desarrollo Agrario de Brasil, Adhemar Lopes de Almeida, el presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria de Brasil (Incra), Carlos Guedes, y el representante de la Secretaría Técnica de la REAF MERCOSUR, Lautaro Viscay. En representación de la FAO estuvieron también Eliana Haberkon, de la sede en Roma, y Sergio Gómez, de la Oficina Regional de la FAO en Chile. Ellos expusieron sobre el proceso de elaboración de las Directrices Voluntarias, la importancia de su implementación. Sergio Gómez informó sobre el marco en el que se originaron las DVGT, los contextos que explican su necesidad, los procesos de concentración sin precedentes y la extranjerización a manos de diferentes tipos de inversores, que van desde empresas hasta Estados. El expositor señaló que “estamos frente a una situación inédita, que requiere nuevas maneras de abordarla.”

Las diferentes representaciones de los países compartieron los avances en relación con los derechos a la tenencia de la tierra, tanto a nivel de normatividad como de políticas públicas y programas que se vienen implementando para posibilitar un mayor acceso y derechos, así como las luchas que vienen dando los diferentes movimientos organizados en torno a este tema.

Los representantes de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil presentaron los cambios que se vienen dando en los últimos años en la distribución de la tierra, que son bastante considerables en ciertos casos. En Uruguay, por ejemplo, el mayor porcentaje de explotaciones y de la superficie está dedicado a cinco rubros (ganadería, carne, leche, ovinos, cereales y oleaginosas) y el 14% de las explotaciones, que ocupan el 43,1% de la superficie, está en manos de personas jurídicas, dependencias del Estado y otras figuras. Se indicó que desde el 2005 existe también un nuevo marco institucional y de políticas, en el que el Estado recupera el protagonismo en la elaboración e implementación de políticas públicas diferenciadas. Del mismo modo, conduce el proceso de desarrollo, impulsando la participación ciudadana y la organización de los diferentes actores del territorio, y propiciando que sean los trabajadores, las trabajadoras y las pequeñas productoras y los pequeños productores los protagonistas.

Por su parte, el grupo temático de Chile compartió las problemáticas de las comunidades indígenas en relación con los derechos al agua. A manera de ejemplo, se compartió un caso sobre la exigencia del pago de patentes a comunidades que no cuentan con obras de captación y extraen el agua mediante el uso de técnicas ancestrales, lo que muestra las dificultades e incomprensiones que viven estas comunidades. A pesar de que se suspendió la exigencia del cobro, no se ha resuelto el principal problema: el reconocimiento de los usos ancestrales de los pueblos indígenas. De otro lado, se mencionaron los cambios que se están impulsando desde el actual gobierno en cuanto al acceso a recursos naturales –como la tierra y los bosques– y a la pesca. Para los pueblos indígenas –otro de los actores clave cuando se habla del tema tierra–, también se vislumbra un nuevo escenario, dado que actualmente parece existir la voluntad política para iniciar los procesos de consulta con estas poblaciones. Un elemento importante que cabe mencionar en el caso chileno es que se evidencia el incremento de mujeres responsables de la agricultura familiar o en labores agrícolas, a la vez que asumen nuevos emprendimientos económicos.

Un aspecto clave de las diferentes ponencias fue la presentación de los retos que entraña la implementación de las DVGT, pese a los avances. Así, en el caso de Brasil, se mencionó que se tiene que mejorar la cobertura, actualización e integración de las informaciones sobre catastros y registros de inmuebles, como también la forma en que se gestionan las tierras públicas. Igualmente, se vio la necesidad de promover el registro de las mismas, así como el de las tierras privadas.

En el caso de Ecuador y Bolivia, representantes del Estado informaron cómo se están desarrollando los procesos de redistribución de la tierra y las políticas que se están implementando para posibilitar el acceso a recursos, especialmente de las pequeñas productoras y los pequeños productores agrícolas. Asimismo, se informó sobre el trabajo que se está impulsando para asegurar que grandes sectores de la población cuenten con seguridad jurídica de su tierra, para evitar las concentraciones latifundistas y para procurar el beneficio de los pequeños productores. Desde la sociedad civil se hicieron críticas en torno a algunas políticas impulsadas desde los Estados, que entran en contradicción con la idea de sostenibilidad de los medios de vida, debido al impacto que algunas inversiones pueden tener en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas.

La International Land Coalition – América Latina y el Caribe (ILC-ALC) fue invitada a este importante taller para presentar el trabajo que viene realizando junto con sus miembros en relación a la promoción de las Directrices Voluntarias. Se compartió información sobre dos estudios llevados a cabo en Bolivia y Perú por Fundación Tierra y CEPES, respectivamente, con el apoyo de Welthungerhilfe. Estos estudios se han realizado con el fin de hacer una lectura crítica de la aplicabilidad, viabilidad y pertinencia de las Directrices Voluntarias ante los desafíos que impone la actual problemática agraria en los países, en el contexto del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Asimismo, se informó sobre la próxima realización de estudios similares en Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Argentina.

El evento finalizó con la elaboración de una serie de propuestas de parte de los y las participantes, orientadas a impulsar la implementación de las DVGT en los diferentes países. También se planteó la necesidad de una mayor difusión de las mismas entre los diferentes actores y la capacitación a funcionarios y funcionarias, líderes, lideresas y comunidades, de modo que se constituyan en un instrumento efectivo para garantizar la gobernanza de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca. Asimismo, se hizo hincapié en la importancia del intercambio entre los países y actores, y en la necesidad de que se impulsen inversiones responsables. Igualmente fue señalada la importancia de la voluntad política de los Estados, en la consolidación de los postulados de la DVGT en políticas y programas gubernamentales.

El evento constituyó un importante espacio de intercambio e inter aprendizaje entre diversos actores del sector público y la sociedad civil. Constituye un ejemplo a seguir para impulsar diálogos y acciones para que las DVGT sean asumidas y aprovechadas en todo su potencial, proporcionando a los Estados marcos de procedimiento para elaborar su propia normatividad y políticas acordes con sus realidades específicas.