Luego de más de dos años y medio de dialogo entre funcionarios del Estado y representantes de los pueblos indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañon, es poco lo avanzado para resolver las demandas relacionadas a la explotación del lote petrolero 192 (ex 1AB), ubicado en esos territorios. Cansados del incumplimiento de compromisos del estado, los indígenas han tomado los campamentos de la empresa argentina Plus Petrol que es la que explota el lote. 

Una comisión de alto nivel y sucesivas mesas de diálogo creadas a demanda de los pueblos indígenas, de poco han servido. El estado no ha sido capaz de atender la gravísima situación de daños a la vida y a la salud por la contaminación generada por 30 años de explotación petrolera y los constantes vertidos y derrames en sus ríos y cochas. Siendo limitados los avances frente a la magnitud de los daños. Tampoco ha sido capaz de honrar su obligación de realizar una consulta previa a la nueva licitación del lote que debe hacerse este año.

Lo que hemos visto son marchas y contramarchas, y un largo desfile de funcionarios de diversos sectores, para que a pocos meses de que culmine el contrato de administración del lote, no haya visos de que la consulta previa se vaya a realizar. El gobierno no tiene la voluntad de hacerla y busca artilugios legales tales como que en una explotación en curso no se justifica la consulta, obviando que la licitación del lote es una medida administrativa que tendrá consecuencias para la vida de los pueblos indígenas.

Así, la toma de la base Jibarito, bajo la exigencia de compensaciones por el uso de la tierra, es un capítulo más en esta suerte de callejón sin salida en la que se encuentra el Estado peruano. Sin voluntad política alguna para resolver los problemas de fondo, ha llegado a una situación en la que es muy probable que se produzcan hechos de violencia que nadie desea y que terminarán con el regreso de los mismos actores a una nueva mesa de diálogo, que tendrá vigencia hasta la siguiente toma. Con esa historia recurrente, el gobierno no ha logrado conseguir la confianza de los pueblos indígenas, que lo ven como un mero tramitador de las empresas.

Por lo antes señalado, en Noticias SER, queremos recordar que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones, la primera: garantizar la vida y la salud de los pueblos indígenas afectados por la contaminación petrolera, luego cumplir con los acuerdos a los que ha llegado a lo largo de estos dos años, como la atención de los problemas de salud y la implementación de mecanismos de remediación ambiental. Y realizar la consulta previa antes de la nueva licitación sin la cual cualquier decisión que se tome más adelante podrá ser impugnada. En este momento, el gobierno debe tener la serenidad suficiente para no provocar un enfrentamiento que sería trágico para todas las partes en conflicto.