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Publicado: 2015-01-29
Alberto Chirif, antropólogo de larga trayectoria en la Amazonía y compromiso con los pueblos indígenas de la Amazonía, explica las razones por las cuales miembros de comunidades de las etnias Achuar y Kichwa han tomado la base de Jibarito de la compañía petrolera Pluspetrol. Asimismo, explica por qué exigen se cumpla con el pago de compensaciones ambientales por el uso de tierras y agua de sus comunidades y por la contaminación de bosques.
- ¿Cuáles son los hechos que preceden a la toma de la base petrolera de Jibarito de Pluspetrol, en Loreto, por las etnias Ashuar y Kichwa?
- Debo decir que no me sorprende esta acción de protesta, porque desde hace tres años que las federaciones indígenas de esta zona vienen reclamando al Estado el cumplimiento de una seria de demandas, con la finalidad de dar paso al proceso de consulta previa para la licitación del lote 1 AB, que en adelante se llamará lote 192. El Estado no ha atendido absolutamente ninguna de las demandas de estos pueblos y su proceder busca distraer y es una forma de burlarse de las poblaciones indígenas, porque no se atiende ninguna de las demandas, como la mejora del servicio de agua, las condiciones de salud, el funcionamiento de las escuelas. Entonces era previsible que iban llegar a situaciones de violencia, que ojalá no se desborden como en otros casos.
- ¿Pluspetrol ha respondido a las demandas de las comunidades, porque actualmente le están reclamando compensación por el uso de tierras?
- Es el estado quien tiene la obligación de ordenar a Pluspetrol para que cumpla con responder de forma adecuada a las demandas de las comunidades. Por eso las demandas son planteadas al estado. Lo que se hizo hace un año con un acta que se firmó, fue que en ella entraron a tallar Pluspetrol y ahí estuvo el Estado junto con las federaciones de las comunidades, las instancias gubernamentales se comprometieron a hacer un seguimiento y monitoreo de los acuerdos alcanzados. Por ello las demandas estrictamente están dirigidas al Estado y es este quien debe ordenar a Pluspetrol que cumpla con las demandas que le competen. Hay que señalar que sí hubo compensación por uso de territorio, por ejemplo a fines del año pasado; pero este asunto es menor frente al problema de la salud y bienestar de la población que está siendo afectada por una contaminación que no tiene cuando acabar.
- ¿Cuál es la razón de fondo para que las instancias estatales no atiendan las demandas de las comunidades del entorno del proyecto de Pluspetrol?
- Es una cosa patológica y la población tiene que llegar a manifestaciones, a tomar medidas de fuerza para que se los atienda, que generan situaciones de violencia. Recordemos Bagua el 2009 u otras partes del país, como Cuzco y Puno, donde estos hecho se han producido por la falta de decisión del estado para asumir su responsabilidad en cumplir con lo que es el artículo primero de la Constitución Política del Perú que dice que la persona humana es el bien supremo de la Nación y que el Estado está obligado a cumplir sus obligaciones para protegerlo. En este caso no se hace nada de eso y es una constante dentro del comportamiento del Estado peruano
- El Gobierno ha declarado en emergencia ambiental varias zonas del lote 1AB en los últimos años por los altos niveles de contaminación por hidrocarburos y derrames ¿Hay algo que haya hecho el gobierno en el marco de estas declaratorias?
- Cuando vimos que el Estado declaraba en situación de emergencia ambiental en las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre y otras, todos opinamos que parecía un avance importante, un cambio de actitud del Estado para poder asumir mejor su responsabilidad. Pero más allá de haberse declarado en emergencia, no se han realizado medidas concretas para enfrentar esta situación tan difícil, por la grave contaminación que existe. Entonces, las cosas se han quedado en el campo de la declaración. Y estas demandas de las cuatro federaciones son claras y en teoría fueron aceptadas por el estado, por ello convocó a especialistas para que hagan estudios.
- ¿Sólo es falta de voluntad política o hay otro trasfondo para no emprender acciones en el marco de la emergencia ambiental del lote 1AB?
- Sí es eso, pero a mi modo de ver también es una negligencia punible la que está adoptando el estado, porque no se puede jugar de esta manera con la salud y bienestar de la población. Y no se puede desarrollar una estrategia de engaño y dilatar la toma de decisiones de la manera como lo están haciendo, porque es una estrategia nefasta y macabra. Además el estado sabe que demorar en la toma de decisiones frente a demandas de población conduce siempre a situaciones de violencia, en consecuencia el principal generador de violencia en el país es el Estado.
- El contrato de Pluspetrol para explotar el lote 14AB terminará en agosto de este año. ¿Qué posibilidades existe de una renovación de contrato?
- Eso es otra cosa, el acuerdo que se había llegado con las federaciones es que el Estado iba atender las demandas y, entiendo que era necesario con el cumplimiento de las demandas antes de la nueva licitación. Pero se ha dejado pasar el tiempo y ahora nos encontramos con una situación de que el contrato termina en poco tiempo y eso pone las cosas en un nivel de urgencia y apremio. El haber llegado a esta situación es única responsabilidad del Estado, porque no inició el cumplimiento de las demandas de las comunidades.
- Entonces, ¿en que situación queda la demanda planteada por las comunidades de la realización de la consulta previa antes de licitar el lote 192?
- Esa fue la condición que pusieron las federaciones al inicio de este proceso que lleva tres años. Otra vez se ha dejado correr los plazos. Hace poco hubo una presentación del Ministerio de Energía y Minas donde reconocía la contaminación y todos los estragos que había causado a la población las actividades de extracción; pero también terminaron manifestando que lamentablemente no había tiempo para hacer la consulta previa, entonces esa es una manera hipócrita e irresponsable de actuar y pensar, que no corresponde a un estado serio. Las comunidades no están diciendo que se ponga fin a la explotación petrolera, sino están manifestando que hay problemas que deben solucionarse, especialmente lo de la contaminación y la necesidad del desarrollo. No se están oponiendo al desarrollo de la actividad extractiva.
