La reciente derogatoria de la denominada Ley Pulpín por parte del Congreso de la República puso en evidencia no solamente la debilidad política del gobierno, sino la miopía de la tecnocracia para implementar políticas públicas que resuelvan los arduos problemas que atraviesa el país. 

Frente a quienes sostienen que “lo técnico” es el único elemento a tener en cuenta en la toma de decisiones, cabría responder que – lamentable o afortunadamente – lo técnico no es unívoco (Subirats dixit) y, además, es usual que una alternativa técnica responda a los intereses particulares de quienes la proponen.

Ello no significa desvalorar la importancia de fundamentar técnicamente las decisiones gubernamentales, pero no se puede olvidar que éstas se toman en determinados contextos y obedecen a objetivos políticos definidos. Así, para nadie es un secreto que durante este gobierno, buena parte de las “decisiones técnicas” en materia ambiental, laboral, cultural, etc. han servido para justificar o, en el mejor de los casos, para adaptarse a las exigencias de los ministros de economía de turno, siempre avalados por el presidente y su esposa.

El problema con esta forma de tomar decisiones es que las políticas públicas resultantes no ayudan a resolver los problemas que supuestamente buscan atender y, sobre todo, carecen de legitimidad lo que a la larga acaba creando nuevas y mayores dificultades. En palabras de Leandro Poblete, “el imperio de la mirada técnico/administrativa en el diseño e implementación de políticas públicas, genera una peligrosa confusión entre los instrumentos y paradigmas de gestión (dimensión tecnocrática) con los objetivos y estrategias de construcción y conducción política (dimensión sociopolítica)”.

Junto a ello, lo ocurrido los últimos días también evidencia la debilidad de la administración pública y la tecnocracia que la dirige, para encontrar nuevas formas de diseñar e implementar políticas públicas que respondan adecuadamente a la complejidad y diversidad de la sociedad peruana. En realidad ocurre todo lo contrario como muestra el caso de la Ley Pulpín. Las políticas acaban siendo irrelevantes en relación al bienestar, el desarrollo económico, el equilibrio ambiental o los derechos de las personas.

La administración frente a la complejidad

Durante mucho tiempo, la administración pública ha actuado bajo el entendido de que los problemas sociales se encuentran claramente definidos y afectan a colectivos que es sencillo identificar y diferenciar. Por tanto, el diseño e implementación de las políticas públicas sólo requeriría el concurso de los actores estatales que cuentan con el conocimiento técnico sobre el problema que se va a atender (actuación sectorial).

Sin embargo, tal visión no se condice con la realidad social. Los problemas públicos afectan a diversidad de sectores y actores que muy probablemente tengan intereses contrapuestos y por tanto exijan soluciones distintas en coyunturas políticas cambiantes. En suma, la administración debe enfrentar la complejidad.

Algunos ejemplos de esta clase de problemas los encontramos en la gestión de las cuencas hídricas, el desarrollo de actividades mineras, la política arancelaria, la definición de las rutas de transporte urbano, el ordenamiento territorial y la construcción de prisiones.

Este último caso nos sirve para ilustrar mejor este punto. Como sabemos, la mayoría de la opinión pública exige la imposición de sanciones cada vez más severas contra quienes cometen delitos y rechaza las medidas que no implican la detención de estas personas. La construcción de nuevos centros penitenciarios, por tanto, es la tarea que corresponderá llevar a cabo al gobierno.

Pero definir el lugar donde se levantarán estos establecimientos es una tarea sumamente difícil por el rechazo que genera en la población que estos se encuentren en las áreas donde uno vive. De hecho, esta situación clasifica como NIMBY (“not in my back yard”/“no en mi patio trasero”), término utilizado para referirse a aquellos casos en los que existe una exigencia ciudadana para que se tome determinada medida por parte de las autoridades, pero al mismo tiempo hay una negativa a asumir los costos que dicha medida requiere. En el ejemplo propuesto, ello se traduciría en algo así como un “necesitamos prisiones para encerrar a los delincuentes, pero estas prisiones no pueden estar ubicadas donde vivimos”.

Encarar la complejidad requiere modificar la manera en que se toman las decisiones. La perspectiva tradicional según la cual una entidad de la administración pública debe adoptar decisiones de forma unilateral y teniendo en consideración únicamente los criterios técnicos que ella misma determina, ya no es viable ni suficiente. En efecto, actualmente existen otras entidades estatales y no estatales con experiencia, información y propuestas relevantes para la toma de decisiones públicas, y por otro lado, las exigencias ciudadanas de información y participación son mayores que en el pasado.

Una alternativa distinta a la tradicional es la propuesta de Administración Pública Deliberativa (Brugué 2009), conforme a la cual la administración debe tomar las decisiones como producto de un proceso deliberativo en el que el diálogo, la negociación y el acuerdo facilitan el intercambio de conocimiento e información entre todos los actores involucrados con los problemas públicos. Por cierto, este tipo de procesos requiere una clara voluntad política, recursos, desarrollo de habilidades de cooperación y comunicación y en general un cambio en la forma de pensar.

Lamentablemente, lo que ocurre en nuestro país con las diferentes políticas públicas muestra una administración que continúa actuando de forma tradicional frente a la complejidad y no es efectiva para resolver los problemas cotidianos de la gente.

El problema es que a la larga esto acaba deslegitimando al Estado y al propio sistema democrático.

Brugué Quim, 2009. “Una Administración que Habla es una Administración que Piensa” en AA.VV. Participación Ciudadana para una Administración Deliberativa. Zaragoza: Gobierno de Aragón.