El rechazo por el contenido del Decreto Supremo 001 -2015-EM que otorga prerrogativas a las juntas directivas de las comunidades campesinas, para la disposición de terrenos comunales destinados para actividades mineras, no han llevado a acciones de protesta por la intensa actividad agrícola en el altiplano puneño, pero trascendió que culminadas estas, se realizarán acciones de lucha. 

No se ha aplicado el Convenio 169

“Es febrero, y estamos un poco distraídos, pero desde el mes de marzo empiezan las movilizaciones”, manifestó a Noticias SER el dirigente aymara Rufino Machaca quien resaltó que estos movimientos tendrán gran fuerza por la vulneración a la autonomía de las comunidades campesinas.

Dijo que el gobierno “siempre”está tratando de sacar normas en contra de las comunidades campesinas, pese a contar con instrumentos como el Convenio 169 de la OIT “Sabemos que están sacando leyes en contra de las comunidades campesinas, para facilitar el ingreso de las empresas mineras transnacionales. No estamos de acuerdo porque no se ha definido actualmente si es que implementará o no el Convenio 169. Las comunidades campesinas exigen el respeto de sus derechos”, subrayó.

Por su parte Cesar Cahuari Ticona presidente de la Confederación Regional de Juventudes, una decisión de este tipo debe ser consultada y aprobada bajo el consenso de una asamblea y no por sus representantes porque en muchos casos “los directivos toman decisiones inadecuadas”, pero agregó que es necesario “un consenso contundente de parte de todas las comunidades, tanto de sus organizaciones y de la población en general” para impedir que se aplique la norma.

En ese sentido, insistió en recordar que las comunidades son sujetos de derechos en igualdad, ante la ley. “Al mismo tiempo tenemos normas como son el Convenio N° 169 de la OIT que establece la consulta previa, y en este caso, aquí no se le ha consultado nada a las comunidades campesinas, a los movimientos originarios, y eso es una intransigencia por parte del Gobierno”, alegó.

Más de 1200 comunidades campesinas en Puno

El docente de derecho de las Comunidades Campesinas y Pueblos Originarios de la Universidad Nacional del Altiplano, Juan Casazola, señaló que en Puno existen más de 1200 comunidades campesinas inscritas en Registros Públicos y una cifra similar, no registrada. “Están aquellas comunidades originarias que se han parcelado o se han subdividido en varias comunidades, eso va a traer problemas sociales en cada comunidad porque pueden aparecer intereses eminentemente económicos para vender o transar con una empresa minera debilitando más a las comunidades campesinas”, refirió.

De igual manera, aseguró que surgirán problemas sobre el uso y tenencia de la tierra cuando el presidente o la junta directiva entregué 5 o 6 hectáreas, supuestamente inscritos en Registros Públicos a nombre de la comunidad campesina, pero que en la práctica tienen títulos de propiedad individual. “No hay comunidades originarias puras que tengan territorio comunal de todos, sino siempre hay comunidades parcelarias; es decir, la suma de parcelas individuales cuyos propietarios son los campesinos que conformaron una comunidad campesina; o estas tierras parcelarias tienen además territorios comunes de la reforma agraria o comprados a la comunidad”, añadió.