Las últimas semanas, como hemos venido informando en Noticias SER, se han realizado una serie de protestas contra diversos proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, que han vuelto a poner sobre el tapete la debilidad del Estado. Incluso se ha señalado que se ha dado un retroceso en la estrategia impulsada por el ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ONDS, Vladimiro Huaroc, a través de las “mesas de desarrollo”, cuando, en realidad, éstas solo fueron un mecanismo más de promoción de la inversión, que puso de lado la obligación de la consulta previa.

Pensar que la reactivación de los conflictos es producto del cambio de un funcionario es una mirada tan ligera como aquella que postulaba, hace unos años, que en temporada de lluvias hay menos conflictos y en épocas electorales hay más. Los desacuerdos que vemos estallar en diferentes lugares del país, en su mayoría, tienen varios años, sin que se haya logrado encontrar soluciones reales a las demandas de la ciudadanía, pues la voluntad política está hipotecada a los intereses empresariales.

De otro lado, circulan interpretaciones de analistas que, en realidad, actúan como voceros oficiosos de los sectores más conservadores y autoritarios del empresariado, y que señalan que los conflictos forman parte de un plan coordinado por fuerzas de ultra izquierda, que tienen “una agenda oculta”, liderada por los “asuzadores” de costumbre. Si hace unos años el fantasma invocado era Puka Llacta, y luego lo fue el Movadef, en estos días se señala con el dedo a un “resucitado” etnocacerismo, al mismo Patria Roja, un partido que tiene más de 30 años de vida política legal, o al ambientalista Tierra y Libertad.

Sin embargo, pocas veces se pone en debate el rol de las empresas como generadoras del conflicto. Peor aún, estas son mostradas como víctimas de todos los males y los “malos” de la sociedad peruana, que pareciera estar confabulada contra todo tipo de inversión privada, como si los ciudadanos y las ciudadanas del Perú vivieran en un estado de permanente insurrección estatista. Panorama que es bastante lejano a la misma interpretación que dan los propios medios que acogen estos análisis sobre la cultura emprendora del Perú del siglo XXI.

¿Son las empresas víctimas de conspiraciones múltiples? Definitivamente no. Y sería bueno que aquellas que han generado conflictos por sus malas prácticas corporativas asuman y reconozcan su responsabilidad en procesos irregulares de compra de tierras, presiones al Poder Judicial, no reconocimiento de daños ambientales y resistencia a las sanciones que se les imponen, información sesgada a la ciudadanía, uso de la fuerza pública bajo su mando, y sobre todo, incumplimiento de los compromisos que asumen con las comunidades y poblaciones en donde se desarrollan sus proyectos.

En Noticias SER creemos que, así como se exige al Estado y a la ciudadanía que respete la ley, con mayor razón, las empresas tienen que asumir sus responsabilidades y compromisos. Pero, además, creemos que existe la obligación de los gremios empresariales de exigirles a sus miembros el cumplimiento, no solo de la ley peruana, sino de sus propios principios, códigos de conducta y convenios globales. Por el contrario, casi siempre, la SNMPE, la joven Sociedad Peruana de Hidrocarburos, SPH, y la CONFIEP, lo que han hecho es una permanente y cerrada defensa de sus miembros. Mientras esto ocurra la desconfianza hacia el sector seguirá aumentando y los conflictos también.