Como suele suceder en nuestro país, lo accesorio se impone a lo importante. Así, mientras los medios de comunicación comentan hasta la saciedad las virtudes y defectos del recientemente nombrado primer ministro Pedro Cateriano, así como las posibilidades reales o imaginarias de su ratificación, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República –sin el debido quorum y negándole la voz a las organizaciones indígenas- ha aprobado el proyecto de Ley 3941 que, como siempre, pone el interés de inversionistas privados por encima de los derechos de la ciudadanía, en general, y de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y nativas, en particular. 

El proyecto, que lleva el rimbombante título de “Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social”, tiene por objetivo facilitar la inversión, lo cual no es ninguna novedad, viniendo de un gobierno cuya única política que pareciera poder implementar es aquella que le dictan los grandes gremios empresariales. No sorprende que sean ellos los más contentos con el nombramiento de un político neoliberal como Pedro Cateriano.

El también llamado “Cuarto Paquetazo Ambiental” incluye una serie de cambios normativos, como el uso compartido de las líneas de base de los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos que se desarrollen en la misma zona, lo que obvia los impactos acumulativos que puedan generarse. De otro lado, al optar por el mecanismo de “ventanilla única” y homogenización de plazos para diversos procedimientos vinculados a grandes proyectos de inversión, acorta el tiempo necesario para la adecuada revisión de parte de los funcionarios a cargo, como ocurre en el caso del otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

Por si esto fuera poco, el proyecto ha sido duramente criticado por las organizaciones campesinas e indígenas, porque agiliza procesos de expropiación y de servidumbre sobre tierras eriazas que formalmente son del Estado, pero que, en varios casos, se superponen con tierras que las comunidades campesinas y nativas reconocen como suyas, pero que no han sido reconocidas como propiedad comunal por los burocráticos, costosos y complejos procesos de titulación, para los cuales no hay agilización de trámites ni mucho menos.

En Noticias SER consideramos que este “Cuarto Paquetazo Ambiental” no solo no servirá para agilizar inversiones –paralizadas por otras razones-, sino que reafirma, una vez más, el desprecio del gobierno por los sectores más excluidos de la ciudadanía, a quienes solo se les considera como beneficiarios de programas sociales, y que con estos grandes proyectos de inversión, serían despojados de sus derechos y por tanto más excluidos que antes.