Dado que Máxima Acuña ha estado manifestando continuamente que ella y su familia siguen sufriendo, de manera sistemática, actos de hostigamiento, intimidación y violencia de parte de las fuerzas del orden y de presuntos trabajadores de la empresa minera Yanacocha, diversas instituciones solicitaron a la gobernación de Cajamarca garantías para los Chaupe. 

Así, pues, esta decidió: “Otorgar las garantías del caso a Máxima Acuña de Chaupe y familia, a fin de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, así como aquellas libertades que se deriven del ejercicio de derechos posesorios en el predio Tragadero Grande, así como el retiro de todo servicio policial dentro del predio, salvo excepciones de ley o autorización previa de los posesionarios”, tal como se menciona literalmente en el documento oficial.

No obstante, Máxima Acuña mostró cierta desconfianza respecto a las garantías que le otorga la gobernación y dijo a Noticias SER que espera que esta medida se cumpla y obligue a la Policía a retirarse de su predio, ya que hasta el momento sigue por sus inmediaciones: “El lunes por la tarde nos llegó el documento, pero la Policía sigue ahí, hostigando, como lo ha venido haciendo. Estoy en mis tierras y quiero tener una vida normal, sin correr el riesgo de perder la vida. Por defender mis derechos estoy en esta situación”, refirió.

También evidenció malestar y preocupación debido a las constantes visitas y llamadas que ella y sus familiares reciben de funcionarios de Yanacocha, quienes les informan que la empresa, luego de haberles hecho tanto daño, ahora está dispuesta al diálogo. “Estoy indignada y preocupada por la forma en que actúan. Ahora vienen a decir que ellos no conocen el caso y que lo que ha pasado quede ahí”, puntualizó.

Para conocer más sobre el tema, Noticias SER se comunicó con Mirtha Vásquez, abogada de la familia Chaupe Acuña, quien dijo: “la gobernación ya otorgó las garantías necesarias a Máxima y su familia, para que hagan uso de sus derechos y libertades, como ha debido hacerse hace mucho tiempo por las constantes intimidaciones y el hostigamiento que han venido sufriendo. La notificación formal nos ha llegado ayer y esperamos que esta decisión se haga efectiva en los próximos días. Nosotros creemos que conforme vayan siendo notificados, tendrán que acatar esta medida,” precisó.

Vásquez hizo pidió a la compañía y a la Policía que actúen de manera pertinente y de acuerdo a lo que ordena el documento de garantía: “El llamado que hago a la empresa es que de ahora en adelante se conduzca con prudencia, que no cometa más actos de hostigamiento y amenazas en contra de la familia, lo cual incluye no perturbar su tranquilidad, porque en los últimos días han estado recibiendo constantemente visitas y llamadas de funcionarios de Yanacocha, para que vayan a un diálogo y la familia ha ratificado que no está interesada, pero ellos constantemente insisten e insisten. Lo mismo pido a la Policía, que finalmente ha sido utilizada para la intimidación a la familia”, exhortó.

Por su parte, Ever Hernández, gobernador de Cajamarca, declaró que las garantías a la familia Chaupe han sido dadas, luego de solicitar al Poder Judicial un informe que avalara la petición hecha por diversas instituciones. “Hemos recibido el reporte y, efectivamente, han determinado que la posesión que tiene la familia sobre el predio Tragadero Grande es legal y legítima, y esa decisión exhorta al Estado a adoptar las medidas para garantizarle sus derechos dentro de la propiedad. Estamos otorgando garantías a la familia y ordenando a las Fuerzas Policiales que adopten las acciones necesarias para garantizar que sus miembros no sean perturbados en el ejercicio de sus derechos, dentro de los límites de su territorio”, informó.

Asimismo, Hernández señaló que las garantías van a estar vigentes mientras la situación jurídica que le otorga posesión a la familia no varíe. En caso contrario, estas quedarían revocadas, pero mientras ello no ocurra, la familia va a gozar de la protección del Estado, a fin de que pueda hacer uso y disfrute de sus libertades constitucionales.