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Publicado: 2015-04-16
Las consecuencias de una posible eliminación de los Aportes por Regulación (APR) de las empresas mineras a la OEFA, situación que se está evaluando en un tribunal del Indecopi; los efectos del “Cuarto Paquetazo Ambiental” en las tierras comunales; la situación de Islay y el paro contra el proyecto minero Tía Maria son algunos temas que aborda Carlos Monge, antropólogo, historiador e investigador asociado de DESCO, en la siguiente entrevista, concedida a Noticias SER.
- ¿Considera una amenaza a la actividad minera los APR que realizan las empresas mineras a la OEFA?
- Hasta donde entiendo, en todos los sectores hay organismos reguladores y los regulados pagan la regulación, no sé si en su totalidad, como el caso de bancos y comunicaciones. Entonces, en el caso de las empresas mineras, estas deben aportar al funcionamiento de la OEFA. Y es una práctica con la que no estoy de acuerdo, porque puede haber un conflicto de interés, pues aquel que es regulado, evaluado y fiscalizado puede actuar como están haciendo ahora las mineras: “Te quito el aporte y te dejo sin plata”. Yo preferiría un esquema en el que estos organismos dependan del financiamiento público. A lo que voy es que no es una situación extraordinaria, sino que es una práctica común en el diseño de los sistemas de regulación en economías altamente privatizadas como la nuestra.
- Tomando en cuenta los argumentos de uno y otro lado, ¿cree que Indecopi vaya a fallar a favor de las empresas mineras y, consecuentemente, anular los APR a la OEFA?
- Espero que no lo haga, porque si no, tendría que ser lo mismo para todas las empresas que están sujetas a la misma forma de regulación, y se desmoronaría todo el sistema de regulación, evaluación y fiscalización que existe en el Perú. Esa sería la consecuencia. En este caso particular, lo que llama la atención es que mientras tuvimos un ministerio del Ambiente débil y las actividades de evaluación y fiscalización de la OEFA estuvieron primero en el ministerio de Energía y Minas y después pasaron a Osinergmin, las empresas nunca reaccionaron de esta manera. Pero me parece que como ahora se logró llevar la OEFA al Ministerio del Ambiente y ha estado un poco más fiscalizadora, un poco más firme y agresiva, entonces las empresas mineras reaccionan diciendo “me estas molestando mucho, entonces te quito el financiamiento”.
- ¿Qué pasará con las tierras de las comunidades con el “Cuarto Paquetazo Ambiental”? Porque el escenario nos indica que hay más de cuatro mil comunidades cuyos territorios están sin titular.
- Es, lamentablemente, la forma cómo se aprobó la Ley de Promoción de Inversiones en la Comisión de Pueblos Andinos en el Congreso, porque lo que busca es promover que el Estado otorgue derechos de servidumbre y garantice acceso de vías en todas aquellas tierras que al día de hoy son propiedad del Estado. El problema es que muchas de ellas en realidad están ocupadas por comunidades campesina y nativas. Lo que pasa es que no han logrado formalizar sus títulos. Por tanto, técnica y legalmente aparecen todavía como propiedad del Estado. Aquí hay un problema y es que el Estado les está diciendo a las empresas “¡corran, corran! Y pidan su derecho de servidumbre, derecho de paso, genérense un derecho ustedes”, de tal manera que cuando la comunidad venga y diga quiero titularme o cuando venga el pueblo indígena y diga, quiero recomponer mi territorio, ya los empresarios tendrán un pie metido ahí. Entonces, el gobierno camina ciegamente en una línea recta, que es: “Todo aquello que el empresariado me pida, se lo doy, sin ver las consecuencias ni los impactos”, y eso generará conflictos.
- En estas normas del “Cuarto Paquetazo Ambiental” también se propone la creación de una ventanilla única en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), al que otorga algunas atribuciones. ¿Cree que esta medida ayudará al fortalecimiento de esta instancia?
- Ahora resulta que todo se concentra en el SENACE y el ministro del Ambiente cree que con ello se constituye un SENACE más fuerte, pero lo que se está haciendo es que las medidas que tenían que aprobarse después de un estudio de impacto ambiental, ahora se aprobarán en un solo paquete. Y en un escenario de aplicación de normas previas, que han reducido los plazos y que han impuesto una lógica absurda sobre los funcionarios, de correr y aprobar de forma rápida, sin tener tiempo de hacer bien su trabajo técnico, so pena de ser acusados y castigados por dificultar o entorpecer las inversiones, todo se complica. Si uno mira la disputa por competencias entre sectores, esto supuestamente buscaría fortalecer al ministerio del Ambiente y limitar al de Energía y Minas, pero, desde el punto de vista del medio ambiente y pueblos indígenas, lo que se está haciendo es concentrar decisiones en un sector del gobierno, pero que, de acuerdo a lo los nuevos mecanismos, hacen imposible que ese ministerio sea un verdadero garante del medio ambiente, y más bien le obligan a pisar el acelerador, con la lógica de que las inversiones deben salir ya, sin otra consideración.
- ¿Qué opina sobre los últimos acontecimientos en Islay? Porque el gobierno propone sacar adelante a como dé lugar el proyecto Tía María, y hasta se ha calificado de terroristas a los que se oponen a él
- Hay una historia detrás de todo esto. La gente se opone a este proyecto porque hubo dos huelgas generales anteriormente y un referéndum, donde un 90% se manifestó en contra del proyecto. Asimismo, hay una desconfianza absoluta respecto a las empresas y al Estado, porque una presentó un Estudio de Impacto Ambiental y el otro lo aprobó, pero la UNOPS le encontró 137 problemas gruesos, entonces no hay confianza en que la empresa presente ahora un EIA serio. Asimismo, los ministros salen a decir que ya revisaron el EIA, pero nadie les cree, porque la vez anterior hicieron un trabajo pésimo. Sin embargo, las autoridades dicen que metan presos a los dirigentes que lideran el paro. Creo que se debería nombrar algún ente internacional de alta credibilidad para revisar este nuevo EIA, y otra acción razonable sería preguntarle a la gente. Pero decir que este estudio está bien y que no hay nada que discutir, y meter policías para poder sacar adelante el proyecto, eso no lleva a nada.
- ¿Se puede decir que no sirvió de nada la presencia de Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, en esta llamada “Mesa de Desarrollo de Islay”?
- En las actuales circunstancias, no, porque esa mesa no tiene legitimidad, y ningún alcalde ha asistido; menos, los representantes de organizaciones sociales. Es más, ahora han detenido al presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo. En esas condiciones, no se puede hablar de diálogo para el desarrollo, cuando lo que se está haciendo es empujar el proyecto a como dé lugar.
