Luego de 23 días de paralización en el Valle del Tambo, el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern, parece estar cada vez más cerca de su suspensión indefinida que de la posibilidad de concretarse. Las razones, las mismas de siempre: Intransigencia y poca disposición al diálogo de ambas partes, una gran desconfianza de la población hacia una empresa con malos antecedentes y un gobierno nacional que lo único que sabe hacer es seguir el libreto que le ponen los voceros oficiales y oficiosos de la minera. 

La oposición a Tía María no es reciente. El año 2009 se realizó una consulta popular –que los grandes medios no mencionan- en la que la mayoría de la población del distrito de Cocachacra rechazó el proyecto. Y luego, en el año 2011, el movimiento de protesta en su contra no solo terminó con un saldo de tres muertos, como producto de la represión policial, sino que llevó a la reelaboración del Estudio de Impacto Ambiental, debido a las múltiples observaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) hizo al mismo.

El conflicto se reactivó en el 2013, cuando la empresa Southern y el ministerio de Energía y Minas forzaron la aprobación de un nuevo EIA, y los talleres de presentación del mismo se realizaron en un contexto de polarización con una desmedida presencia policial, que impidió a los opositores al proyecto participar en la misma. La respuesta de la ciudadanía fue la elección, en octubre del año pasado, de tres líderes opositores como alcaldes de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia, que son parte de la provincia de Islay.

El anuncio de los voceros de Southern, a mediados de enero, del inicio de la construcción de la mina Tía María tuvo como respuesta, dos meses más tarde, el inicio de la huelga indefinida que dura hasta la fecha, y que tiene como saldo la suspensión de las labores escolares en la zona, actos de vandalismo contra la Policía y la compañía de bomberos, y miles de Soles en pérdidas para la provincia y la región. Y lo que es más grave: Más de 20 heridos, producto de los constantes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

Pero lo más significativo es que la empresa Southern, gracias a su anuncio -luego desmentido- de la cancelación del proyecto, logró el alineamiento del gabinete Cateriano y del presidente Humala en la defensa de un proyecto que, tal como ha reconocido el ministro de Economía, no se encontraba en las proyecciones del PBI de este año. Así, como en el conflicto Conga, el gobierno vuelve a caer en el juego de la empresa y comienza a señalar a los “sospechosos de costumbre”, basándose en acusaciones periodísticas sin mayor prueba. En ese sentido debe entenderse la detención de Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, a la que seguramente seguirán las de otros líderes, y el anuncio de una investigación a los alcaldes opositores al proyecto.

En Noticias SER, consideramos que ya es tarde para que un gobierno al que le resta poco más de un año para terminar su mandato, se embarque en una confrontación en la que tiene todas las de perder, presionado por el mismo empresariado al que le ha dado todo. Y mal hace el Primer Ministro Cateriano en comenzar a jugar a ser el sheriff del Valle del Tambo, pues la aventura le puede terminar costando el cargo, ya que lo último que se necesita es repetir la lógica represiva que fracasó en Conga, para defender, como en aquel caso, a una empresa en la que casi nadie cree.