Hace una semana, mediante las redes sociales, se dio a conocer la noticia de la muerte de dos ejemplares de ganado vacuno en las inmediaciones del centro poblado San José. El hecho adquiere un especial interés por haber ocurrido en el área en la que está ubicado el depósito de desmonte San José, que según se detalla en la Resolución Directoral N° 018-2014-OEFA/DS, de fecha 16 de diciembre de 2014, descarga filtraciones directamente al suelo natural, con un pH de 4,12, de carácter ácido, que está en más de un 200% fuera de rango de los límites máximos permisibles, según Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. Dichas filtraciones discurren sobre suelo natural, hasta llegar a la quebrada Quishuar San José, cuya agua es captada por el canal San José Río Grande. 

Según algunas declaraciones de los pobladores de la zona, son aproximadamente una veintena los ejemplares de ganado vacuno que han muerto, sin aparente causa y de manera progresiva, desde que se producen las filtraciones del depósito de desmonte impecablemente cerrado por Yanacocha, y oleado y sacramentado por el Ministerio de Energía y Minas.

Si bien el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, ha impuesto un mandato particular a la empresa Yanacocha, cuyo cumplimiento no podemos garantizar, es necesario adoptar de medidas urgentes para salvaguardar la salud de la población y para hacer que dicha minera cumpla con el principio de internalización de costos consagrado en la Ley General del Ambiente, según el cual, toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. La impunidad no debe permitirse y el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los deberes establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

En nuestro país contamos con tres niveles de gobierno con competencias definidas: La de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por las empresas mineras que desarrollan gran minería en el Perú corresponde al OEFA, pero quien aprueba esos compromisos es el ministerio de Energía y Minas (MINEM). Quien evalúa y aprueba los estudios de impacto ambiental en los que las empresas mineras declaran los efectos que el desarrollo de su actividad va a ocasionar al ambiente es el ministerio de Energía y Minas y es este mismo ministerio el que delimita la actuación del OEFA, porque este organismo no puede exigir a las empresas mineras más de lo que han declarado en su instrumento de gestión ambiental. El protagonista principal en esta historia es el MINEM, que es parte del Estado y, como tal, está obligado a cumplir el rol garante que a este corresponde, en relación al respeto de la Constitución y demás normas de nuestro universo normativo.

Otro rol importante es el que desempeña el Ministerio Público, encargado de la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. A esta instancia le fue remitida oportunamente una copia del video que daba cuenta de una presunta contaminación por filtraciones provenientes del depósito de desmonte San José, cuyo cierre de minas estuvo a cargo de la empresa minera Yanacocha. También se le hizo conocer la resolución directoral emitida por el OEFA, en la que, de manera concluyente, se determina que efectivamente existen filtraciones que superan en un 200% los límites máximos permisibles. Sin embargo, llama mucho la atención la decisión adoptada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, FEMA Cajamarca, que ha dispuesto la reserva provisional de la investigación seguida contra los que resulten responsables y el representante legal de Yanacocha, por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental en agravio del Estado, y ha remitido los actuados a la División de Turismo y Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, a fin de que identifique a los presuntos autores y responsables de la supuesta contaminación de manantiales ubicados en el caserío San José. Me pregunto: Si existe una resolución del OEFA que da cuenta de las filtraciones que provienen del depósito de desmonte San José, que pertenece a Yanacocha, y si fue Yanacocha quien se encargó del cierre de minas consignando información engañosa sobre el contenido de dicho depósito de desmonte, probablemente para ahorrar costos en el tratamiento del agua, ¿qué espera la fiscalía para formalizar la denuncia? ¿Qué otro medio de prueba requiere el fiscal para identificar a los responsables? ¿No es, acaso, claro que la responsable de la contaminación ambiental producida por las filtraciones es la minera? Y lo más preocupante es que el expediente ha sido remitido a la Policía Nacional del Perú. ¿Qué imparcialidad puede tener en la investigación la Policía, cuando son los efectivos de esa misma institución los que trabajan para Yanacocha como seguridad particular en sus días de franco? Es de esperarse que la Policía entretenga el tiempo en “investigar”, para terminar concluyendo que la empresa no tiene la culpa de nada. Mientras tanto, en San José, las vacas se seguirán muriendo, la gente se seguirá enfermando, el agua seguirá contaminada y Yanacocha seguirá presumiendo de su impecable cierre de minas y recibiendo premios internacionales, a pesar de los desastres que causa en el Perú.

Insisto en que tenemos que ser más exigentes en el cumplimiento de las leyes por parte de las empresas que invierten en el país. Somos los dueños de la casa. Tenemos que exigir que se respeten nuestras normas, nuestros procedimientos. Es imprescindible consolidar un Estado de derecho en el que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad sean los fines supremos. Los que nos gobiernan tienen que entender que los elegimos nosotros (los ciudadanos que pagamos las consecuencias de sus decisiones) para que nos defiendan, para que sean nuestra voz, para que velen por nosotros y no por los intereses de los grupos de poder económico.

¿Dónde está el Estado mientras Yanacocha sigue contaminando en San José? ¿Dónde está el Estado cuando se mueren las vacas, que son, junto con la tierra que cultivan y el agua que tanto defienden, los bienes más preciados que tienen los campesinos? ¿Dónde está el Estado, mientras desaparecen las fuentes de agua o mientras se contaminan las pocas que van quedando? ¿Dónde está el Estado para defendernos? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde? Díganme, porque no lo veo por ningún lado.