Hay diversas formas de prensa basura. Una de las más características en nuestro país es aquella que desinforma impunemente, heredera directa de los psicosociales y las campañas de demolición que organizaba Vladimiro Montesinos, desde el SIN y con la anuencia de Alberto Fujimori. Lamentablemente, esta se han instalado como práctica cotidiana en diversos medios, que suelen tener como uno de sus blancos favoritos a quienes defienden los derechos humanos o critican el modelo económico neoliberal. 

La mecánica es más o menos la misma siempre: Algún analista lanza un informe lleno de datos -falsos o verdaderos-, a partir de los cuales construye una supuesta conspiración contra una empresa minera o contra las Fuerzas Armadas. Luego, el informe es rebotado en otros medios, que, a la vez, recogen las opiniones de políticos que suelen tener la misma posición, logrando así una suerte de eco, que, a su vez, es comentado por columnistas de diarios o de programas de tv. Se logra así que las opiniones sean la confirmación de una supuesta verdad, que, en realidad, nadie se molesta en corroborar.

Uno de los blancos favoritos de esta campaña son las ONG, a las que se acusa de hacer un uso irregular de los fondos que reciben de la cooperación internacional. Incluso esta es acusada de ser cómplice de acciones que atentan contra la gran inversión o contra la dignidad de las Fuerzas Armadas, lo que, además, la convierte, a ojos de los lectores u oyentes, en una suerte de inaceptable intervención extranjera en los asuntos internos del país. Lo que no se dice es que las ONG presentan informes anuales de su trabajo ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, entidad que, además, ha realizado diversas acciones de fiscalización. A ello habría que agregar las permanentes evaluaciones y auditorias de proyectos y recursos, que no se pueden malversar alegremente, como se afirma con tremenda ligereza

Otro de los blancos son los líderes y las lideresas de las protestas, o quienes respaldan estas luchas. Sobre ellos se acumulan, por las movilizaciones que lideran, diversas denuncias, que, además, se convierten en procesos penales, que suelen avanzar a paso lento, y tienen como principal finalidad amedrentarlos y anular sus acciones, ya que deben dedicar buena parte de su tiempo a responder a citaciones de diversos tribunales. No en vano, estos llevan los procesos a paso lento, como sucede con el caso del Baguazo.

A esta dinámica se ha agregado ahora la acusación, soltada primero por un funcionario de la empresa Southern y repetida luego por el coro habitual de voceros oficiosos de la minería, de que la oposición al proyecto Tía María es liderada por “terroristas antimineros”, lo cual es un paso adelante hacia la estigmatización de quienes protestan. Por si esto fuera poco, en días recientes, en un diario de circulación nacional, el congresista Martín Belaunde ha calificado al líder del partido político “Tierra y Libertad” Marco Arana, de “sucesor de Abimael Guzmán”, y a su acción política, de “terrorismo revestido de seudoecologismo”. Ello no solo es una burda mentira, sino una temeraria acusación, hecha sin prueba alguna

En Noticias SER consideramos gravísimas las acusaciones que se vienen lanzando contra los líderes, las lideresas y los activistas críticos a la minería, así como contra las ONG. A todos y todas les expresamos nuestra solidaridad frente a las calumnias e injurias que vienen recibiendo en estos días. Y lo hacemos porque creemos que en una sociedad democrática es imprescindible reconocer el derecho a la libertad de opinión, que en este caso, es pública y conocida, y se sostiene en argumentos -con los que se puede discrepar-, que se encuentran en las antípodas del totalitarismo senderista y de la destrucción que este promovió.