Dos ciudadanos muertos y más de cien heridos es, hasta la fecha, el saldo de más de 40 días de huelga indefinida en el valle del Tambo, protesta que busca la cancelación del proyecto Tía María, de la empresa Southern Perú Copper Corporation, que es propiedad del Grupo México. Frente a esta demanda, el gobierno no tiene la menor intención de ceder, y ha dispuesto, a modo de única respuesta, el envío de más de tres mil policías a la zona. Hasta el momento, estos han sido incapaces de manejar la situación, y cuentan entre sus efectivos a casi la mitad de los heridos. 

Los intentos de diálogo y los buenos oficios interpuestos, primero, por la gobernadora regional de Arequipa y, luego, por la Defensoría del Pueblo, a través del Doctor Rolando Luque, no terminan de cuajar, debido a la creciente intransigencia, tanto del gobierno nacional, que sigue insistiendo en que lo único que importa es la inversión de 1400 millones de dólares que significa el proyecto, como de los sectores más radicalizados de la protesta, que no parecen estar dispuestos a dar tregua alguna y vienen haciendo uso de la violencia, no solo para defenderse de la Policía, sino para agredir a quienes están a favor del proyecto.

La situación que vive el valle del Tambo, que además ya se extendió a Mollendo, es insostenible, y lo único que generará es más represión y más violencia, que afecta a los movilizados y a los no movilizados, así como a los policías. Ya es hora de que el gobierno del presidente Humala entienda que su primer deber es garantizar la vida y la seguridad de todos y todas, y no solo los intereses de tal o cual empresa. Peor aún, cuando está demostrado con hechos que el proyecto no cuenta con la licencia social que Southern no supo conseguir y que tanto detestan algunos empresarios mineros, pero que es condición básica para el desarrollo de cualquier actividad extractiva.

En Noticias SER consideramos que el proyecto Tía María debe ser suspendido de manera indefinida, para dar paso a un diálogo que vuelva a poner como prioridad a los ciudadanos y a los agricultores del valle del Tambo, quienes no deben ser castigados, como ocurrió con Cajamarca por su rechazo al proyecto Conga. Frente a la incapacidad del gobierno, queda como tarea para quienes sean electos el 2016, la generación de las condiciones para una nueva relación entre las mineras –recogiendo las lecciones de aquellas que han logrado una sana convivencia con su entorno- y la ciudadanía que vive en los territorios donde se intenta expandir esta actividad. Por último, hacemos una invocación a los líderes de la movilización, a que convenzan a los sectores que han hecho uso de la violencia, de que por dicha vía lo único que conseguirán será el endurecimiento del gobierno y más represión.