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Publicado: 2015-05-14
El conflicto en Islay (Arequipa) continúa dejando muertos y heridos como saldo. Asimismo, el paro que lideran las organizaciones sociales del valle del Tambo que se oponen al desarrollo del proyecto minero Tía María, parece que se prolongará. El escenario se complejiza porque el gobierno insiste en iniciar el proyecto. Sobre este escenario, Noticias SER conversó con José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente e investigador de la ONG CooperAcción.
- ¿Por qué la población de Islay se resiste al desarrollo del proyecto Tía María?
- Tia María es uno de los conflictos más anunciados, porque tuvo un primer capítulo, en el período comprendido entre los años 2009 y 2011, en el que hubo ya una resistencia y se plantearon varias críticas, a las que, finalmente, el informe de UNOPS terminó dándole la razón. Por ello, el proyecto minero fue suspendido. Dos años después, la empresa volvió a la carga y el gobierno trató de dinamizar las inversiones, aprobando de manera rápida un nuevo marco normativo, y no tomó en cuenta el rechazo que mantenía la población. Tampoco tomó en cuenta su forma de vida, su actividad económica.
- El valle del Tambo es un territorio estratégico para la región Arequipa. ¿Ello también podría explicar esta oposición a Tia María?
- La provincia de Islay, que ocupa una parte importante de la zona de la costa de la región Arequipa, sin duda, es una zona significativa. Estamos hablando de un lugar donde hay un valle agrícola importante para la región. Y uno de los problemas sobre los cuales hemos insistido y que explican la resistencia, es que la gente de Islay percibe que este sería el primero de una serie de proyectos mineros que transformarían una zona eminentemente agrícola en una zona de expansión minera. La población de Islay ve en ello una amenaza y es algo que ha ocurrido en varias regiones del país. Por ejemplo, sucedió en Espinar hace 30 años, con Tintaya, ahora se sumaron Antapaccay y Coroccohuayco, y en Cajamarca ocurrió lo mismo. Entonces, sí creo que hay asidero para la preocupación en la provincia de Islay, porque más o menos el 80% de su territorio está concesionado. No estamos diciendo que todas las concesiones necesariamente se convierten en proyecto minero.
- ¿Es difícil llegar a una convivencia de la minería y la agricultura?
- Es difícil, más aún cuando tenemos un Estado que no juega su rol de regulación y de facilitación para que el actor privado y las autoridades locales busquen construir una relación equilibrada. Sin duda alguna, veo que los conflictos son tan polarizantes, que siempre tenemos la sensación que todos perdemos, como ha ocurrido con Tía María. Estos conflictos son lucecitas rojas que se prenden y apagan y nos están diciendo que algo no está funcionando bien. Yo creo que una manera propositiva de leer este conflicto, como debió hacerse en Conga y otros, es, precisamente, tratar de construir un diagnóstico común para el país, para saber qué está fallando y cómo corregirlo. Pero también hay tareas para las empresas mineras y para las poblaciones locales, las autoridades locales y, por supuesto, para los organismos no gubernamentales.
- ¿Una posible suspensión del proyecto Tía María afectará a otros grandes proyectos de la región Arequipa, como el de Majes Sihuas o el Gasoducto del Sur?
- No comparto esta visión catastrofista que hemos escuchado en los últimos 15 años, porque se cree que un proyecto no sale y se cae todo, y que las empresas se van a ir a otro lado a invertir. Creo que hay razones bien fundamentadas y errores que se han cometido, que explican el rechazo a este proyecto minero. No todos los conflictos en el Perú son iguales y además, hay que insistir en que no todas las empresas se comportan de la misma manera. Hay mineras que tropiezan con la misma piedra reiteradas veces, como Yanacocha, pero hay otras que están haciendo mejor las cosas.
- ¿Qué opina del accionar de Southern Perú en este conflicto?
- En el caso de Tía María el rol de Southern es lamentable. Una empresa con experiencia sabe, y con los antecedentes que ha habido en este conflicto, insistió con la misma estrategia, porque buscó acelerar el proyecto cuando sabía perfectamente del escenario de resistencia. El concepto de licencia social no ha sido inventado por las ONG o por las organizaciones de derechos humanos. Es un concepto inventado por las propias empresas mineras.
- ¿Qué opina sobre la separación del dirigente del valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, de la lista de militantes de Tierra y Libertad, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente extorsiona, pidiendo dinero, a la minera Southern Perú?
- Hay procedimientos internos de partidos políticos que cumplir. Hay una comisión de ética que está revisando el caso y, mientras tanto, se ha tomado la decisión correcta. Espero que se hagan todas las pericias técnicas posibles, para que se aclare esta situación lamentable, que afecta y ha tenido un impacto negativo, pero que da la impresión que no daña una lucha que creo que tiene fundamentos y razón de ser.
