El pasado domingo 10 de mayo, el Ministerio Público decidió reabrir el caso de las esterilizaciones, que fuera archivado por el cuestionado Fiscal Guzmán Baca, en el año 2014.Esta vez, el caso lo llevará el Fiscal Luis Landa Burgos y nuevamente serán acusados los ex ministros de Salud, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, así como ocho altos ex funcionarios de la misma cartera. Según Carlos Rivera, abogado de IDL, las investigaciones han sido ampliadas por tres meses más. “Lo que ahora corresponde es que la fiscalía ejecute todas las acciones de investigación, llame a declarar, tanto a los acusados como a las víctimas, y evalúe todo el material probatorio que existe en 64 tomos”, explicó.

Han transcurrido 18 años desde que se efectuaron las primeras denuncias. En el transcurso de ese tiempo, el caso ha sido archivado y reabierto en diferentes oportunidades y coyunturas políticas. Lamentablemente, y a pesar de que algunas organizaciones de Derechos Humanos y colectivos de artistas frecuentemente han organizado acciones, en la búsqueda de justicia y reparación, las tantas promesas políticas ha generado una desconfianza aún mayor hacia los organismos de poder. 

A once meses de las elecciones presidenciales de 2016, ¿los políticos de turno han encontrado beneficioso reabrir el caso de las esterilizaciones, para posiblemente destacar el tema en su agenda de campaña electoral?

La historia

En 1996, Giulia Tamayo, abogada y defensora de los Derechos Humanos denunció irregularidades y obligación de cumplimiento de “metas” entre el personal de Salud. Por primera vez, se mostraron documentos con el registro de metas establecidas para la provincia de Huancabamba. En ese mismo informe, resaltó los objetivos anuales establecidos por el ministerio de Salud (395 esterilizaciones anuales). Giulia encontró que en el mes de setiembre de ese año ya se habían realizado 169, es decir, el 42% del total previsto. En el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el Estado peruano llegó a un acuerdo de indemnización con la familia de una de las mujeres víctimas: Mamérita Mestanza Chávez, quien murió debido a un mal procedimiento de esterilización quirúrgica. En el 2009, durante el gobierno de Alan García, se archivaron los 2074 casos de mujeres agraviadas y otros 18, correspondientes a las fallecidas. Dos años más tarde, durante las elecciones del 2011 y la segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, el olvidado tema entró nuevamente en debate. La población, entonces, empezó a recordar, mientras que otro sector se enteró recién del tema. Ollanta Humala ganó las elecciones y uno de los primeros compromisos que anotó en su nueva agenda presidencial de «inclusión social» fue la investigación del caso de las esterilizaciones. También asumió la responsabilidad de dar una reparación a las víctimas. Así, en el 2012, la Fiscalía decidió reabrir el caso, y durante los primeros meses del mandato de Ollanta Humala, se encargó la elaboración de un estudio que recogió evidencias y recomendaciones para concretar dichas reparaciones. Sin embargo,este no fue presentado a la sociedad civil en abril del 2012, como se había prometido hacer, y en el 2014, el caso fuearchivado nuevamente, esta vez por el Fiscal Guzmán Baca.

Situación de las mujeres “ligadas”

En una de mis visitas a la comunidad de Huancabamba, en 2012, pude recoger testimonios de mujeres que se sentían «traicionadas» por las promesas de Ollanta con respecto a la reparación de las víctimas de AQV.

[…] “Aquí nada cambió, lo que quieren es llegar al poder, cuando la gente del campo es la que vota… cuánto me arrepiento ahora… ni Keiko, porque su padre fue el que nos hizo esto. Él dio la orden que se ligara a las mujeres. Aquí venían (Fuerza 2000) a hacer campaña, traían comida, arroz, ¿de dónde traerían este arroz? Porque era amarillo, no era peruano… Toda la gente apoyó a Ollanta. En Lima no lo han querido. Él ganó por el pueblo y ahora, como lo quieren en Lima, todos apuestan por él (en Lima), y ahora a nosotros nos dio la espalda, nos dio una patada donde más nos duele… Hemos llorado con la traición que nos hizo” […]

Si bien la reapertura del caso esta vez es una buena noticia para las mujeres afectadas, el lapso de tres meses que da la fiscalía para reunir las denuncias podría indicar que las intenciones por parte de Estado aún no son del todo claras. Y es que un juicio de este tipo abarca miles de involucrados -muchos más que en los casos de violencia armada-. Por ello, formar equipos de trabajo minucioso, que investiguen caso por caso (hasta ahora se han presentado 2074 víctimas), es una tarea ardua.

Josefa Ramírez, coordinadora del Programa de Educación Permanente para Mujeres y Jóvenes Andinas y Andinos, PEPMA, opina que el Ministerio Público y demás sectores del gobierno no deberían caer en la dilatación de tiempos de espera para las directamente afectadas por estos delitos de lesa humanidad. “Porque la violación de los DDHH, sexuales y reproductivos ha sido contra las mujeres andinas e indígenas, quienes son el símbolo de nuestra identidad cultural e histórica del Perú”.

El de la señora Esperanza Huayama Aguirre, presidenta del Comité de Defensa de Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDHME-Hbba) es uno de los casos más emblemáticos de las esterilizaciones forzadas en la provincia. Ella afirma que esta noticia animará a las más de 200 empadronadas en el Comité, a pesar del olvido, el silencio y la exclusión a los que se les ha sometido por más de 18 años, al igual que a otras mujeres andinas del país. Esta actitud ha sembrado en ellas desconfianza respecto a algunos organismos del Estado, por lo que han decidió convocar a una Comisión que viajara a Lima, para hacer escuchar su voz y sus justas demandas.

Los derechos reproductivos y sexuales son temas controvertidos en materia de Derechos Humanos. Estos se relacionan con los prejuicios sexuales, el estigma social y las desigualdades profundamente arraigadas en un país como el Perú. Si a esto le sumamos el constante discurso estatal y de la sociedad urbana sobre el dudoso control que las mujeres indígenas tienen sobre su propia fertilidad, encontramos que las condiciones en las que se han llevado a cabo las campañas de planificación familiar en el Perú en los últimos años no demuestran la seriedad que, por ética, les corresponde. Ello es señal de que en el país aún existe un abismo de desigualdades socioculturales. El mayor reto para el Estado en esta investigación no solo compromete una gran inversión, sino también un plan de acción que hasta ahora ningún gobierno parece querer afrontar. No basta con reabrir el caso para que los principales responsables sean juzgados, sino que también es necesario determinar qué es lo que buscan estas víctimas. Es decir, dilucidar qué tipo de reparación civil se les puede ofrecer, si es que existe alguna.