¿Le importan al Estado los daños ambientales y el ciudadano que los soporta? 

Miro las noticias y me encuentro con un grupo de pobladores del Callao que protestan porque la empresa de transporte de materiales tóxicos RANSA, los está contaminando, desde hace once años. Las imágenes son escandalosas: Polvillo acumulado en casas, calles, parques, y cómo no, en los pulmones de la gente que tiene que respirar y tragarse toda esta roña, que ni siquiera se sabe qué licuado de tóxicos contiene. Con insultante desfachatez, el representante de la empresa anuncia que dentro de siete meses colocarán un techo a sus instalaciones, para evitar que siga saliendo el polvo. Habla con la tranquilidad de la impunidad asegurada. Es la misma compañía que, hace 15 años, contaminó el pueblo de Choropampa con mercurio y no reparó los gravísimos perjuicios causados a la población ni recibió sanción.

Mientras, en Cajamarca la comunidad de San José, ubicada en pleno corazón de la explotación de Minera Yanacocha, viene denunciando la contaminación de su ambiente, producto de un fracasado cierre de minas. Ha recurrido a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cajamarca y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del ministerio del Ambiente (MINAM). Un primer informe de esta entidad determina que los niveles de acidez en esta zona están elevados en 200% en relación a los límites normales. Sin embargo, solo recomendó que la empresa siga realizando monitoreos. La Fiscalía, por su parte, ha decidido archivar provisionalmente el caso, mientras no haya un informe contundente que certifique el daño.

¿Cuánto le importan estos problemas al Estado? Nada. Y, lo que es peor, este gobierno está haciendo deliberados esfuerzos por invisibilizar estos graves hechos y por cerrar cualquier canal institucional que pueda controlarlos y sancionarlos, con el propósito de evitar cuestionamientos a un modelo que tiene reales impactos.

Esta es la consecuencia de los paquetazos ambientales que ha ido dictando; normas que han sido aprobadas para dar más beneficios a las grandes empresas y restar atribuciones a instituciones que controlan asuntos ambientales, pues significan obstáculos para las mega inversiones. Ahora que han quedado reducidas a burocracias que no tienen potestad para investigar o sancionar, ¿de qué sirve mantenerlas?