El 25 de enero de 1996, M.M, entonces de 22 años, acudió al hospital público Carlos Monge Medrano (Juliaca, Puno), buscando atención médica. En dicho centro de salud, fue atendida por el doctor Geraldo Salmón Horna, quien, al percatarse de que M.M no contaba con recursos económicos, le ofreció una cita gratuita en su consultorio privado. Allí, el doctor Geraldo Salmón Horna abusó sexualmente de M.M.  

La joven mujer denunció los hechos, primero en el hospital Carlos Monge Medrano, donde no le creyeron. El Poder Judicial tampoco le creyó, y su caso fue archivado. Uno de los principales argumentos usados en contra de M.M fue que para el médico legista que la examinó, ella era sexualmente activa, y por lo tanto, bajo la visión de los jueces y fiscales que llevaron su caso, no era inocente, ni posible víctima de violación sexual.

El caso de M.M fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2000, Perú firmó un acuerdo amistoso con M.M, que incluyó, además de reparaciones materiales para la víctima, un compromiso de sancionar al agresor y de capacitar a jueces y fiscales sobre violencia género, para así evitar que casos como este se vuelvan a repetir.

Pese al compromiso adoptado por el Estado peruano, recién en marzo del 2014, 14 años después de la firma del acuerdo, el gobierno emitió una resolución que incluye la capacitación de magistradas/os en temas de género y justicia, como parte de su formación fundamental obligatoria. Este ha sido un logro que se le debe a personas interesadas en el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, así como al trabajo de organizaciones como DEMUS, que han seguido durante años la implementación del acuerdo amistoso firmado por Perú.

Lamentablemente, pese a algunos avances logrados, luego de casi 20 años de ocurrida la historia de M.M, no podemos garantizar que algo así no vuelva a ocurrir en el Perú, o que sea poco probable.

Las víctimas de violencia sexual en el Perú siguen enfrentando serio prejuicios cuando denuncian sus casos. Su credibilidad y palabra son puestas en duda cuando son sexualmente activas o conocen al agresor, variables que suelen ser consideradas para disminuir las penas o descartar las denuncias por parte de los operadores de justicia.

Estos prejuicios contra las víctimas no se solucionan imponiendo penas más duras contra los agresores, mucho menos cuando los que proponen estos cambios encarnan los prejuicios contra las victimas de violencia sexual.[i] Argumentar públicamente que las mujeres violadas no lubrican no es algo que se hace por ignorancia; hay una intención detrás, que es la de descalificar a la víctima. Si una mujer lubrica es porque disfrutó, y entonces no se puede argumentar que hubo violación. Si una mujer queda embarazada y dice que ha sido producto de una violación, miente, se está haciendo la víctima para acceder a un aborto. Ese es el tipo de pensamiento que se esconde detrás de argumentos como los del congresista Eguren y el presidente de su partido; y explican por qué, pese a las reformas implementadas en los últimos años en nuestro país para imponer sanciones mas severas a los agresores,[ii] la impunidad en los delitos de violencia sexual es aún prevalente. Se estima que en el Perú sólo se denuncia el 48% de casos de violencia sexual. De estos casos, el 90% queda impune.

Esta desconfianza en las víctimas destruye cualquier posibilidad de implementar servicios de atención integral a víctimas de violencia sexual. Incluso en un marco legal que penaliza el aborto en casos de violación sexual, argumentos como los de Eguren niegan la posibilidad de acceder a un cuidado integral (incluyendo servicios de salud mental) a las víctimas que salen embarazadas, producto de una violación. Es más, para algunos, el embarazo se podría usar como una prueba para argumentar que no hubo violación.

Todo esto es muy preocupante, pues presenta un panorama más bien sombrío. Dentro de este marco, preocupa también que desde las organizaciones interesadas por los derechos de las mujeres, se esté indirectamente alimentando una imagen de víctima de violencia sexual que excluye a mujeres como M.M. Centrar el tema del aborto en casos de violencia sexual contra niñas podría alimentar la idea de que sólo pueden ser víctimas de estas agresiones mujeres que no han tenido relaciones sexuales, ligando inocencia con la experiencia sexual previa, tal y como hicieron los operadores de justicia en el caso de M.M.[iii]

Por eso, es importante que ante argumentos como los de Eguren, no se responda señalando a las “niñas víctimas de violación sexual”, cómo si el daño contra ellas fuera más terrible que el que padecen mujeres como M.M. La realidad y lo que tienen que reconocer nuestras autoridades es que la violencia sexual es un hecho terrible para todas las víctimas. Tampoco debemos enfrascarnos en la guerra de números, llamando a un triste liderazgo en casos de violencia sexual en Latino América. La verdad es que no sabemos si la tasa de violaciones en Perú es la más alta de la región. Sabemos que tenemos muchas denuncias y muchos casos, y que el sistema actual no es capaz de brindar a las víctimas la atención integral que requieren. Nuestras autoridades deben brindar una solución a esta situación. Eso es lo que debemos exigir. Y, por eso, es necesario rechazar argumentos como los de Eguren, no sólo porque hay evidencia científica que demuestra que no está en lo cierto, sino también porque se basan en prejuicios respecto a las víctimas.

Tenemos que exigir que el Estado brinde respuestas al drama de los embarazos producto de violaciones sexuales. Aquellas dirigidas a aumentar las penas de los agresores no brindan una solución al tema de acceso al aborto en casos de violencia sexual. Además, sabemos que subir las penas no implica que no vayan a producirse casos de violación. Aunque sólo alrededor del 5% de estos casos podría terminar en un embarazo, el Congreso tiene la responsabilidad de legislar para proteger a las mujeres que están en esa situación. Argumentar que son pocos casos no es válido. Como legisladores, los congresistas tienen la responsabilidad de ofrecer una solución a un problema que ellos mismos reconocen que es una realidad en el país. Si no lo hacen, están siendo negligentes.

Si bien es cierto nuestra Constitución Política protege la vida desde la concepción, también protege a las personas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la vida digna y los derechos a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación (Artículos 1 y 2). Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación implica someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que afectan su derecho a la dignidad. Se le niega, además, el derecho a la autonomía de decidir qué hacer sobre su cuerpo. Ciertamente, los embarazos no deseados, producto de violación sexual, son una realidad que sólo afecta a mujeres, por lo que obligarlas a llevarlos a término es una forma de discriminación contra las mujeres. Decir que el derecho del concebido está siempre por encima del derecho de la mujer, y que por eso no hay una salida legal al aborto en el caso de violación en el Perú es falso. Países de la región, como Argentina, Brasil y Colombia, han reconocido el derecho de las mujeres a la dignidad, a estar libres de tratos inhumanos y degradantes, y por eso, permiten el aborto en casos de violación sexual, sin que ello haya implicado denunciar al Pacto de San José, que reconoce derechos al concebido.

Hay que ser proactivas. Hay que hacer saber que lo que se propone cuando se habla de aborto en caso de violencia sexual, incluye un sistema integral en el que las víctimas puedan, de forma informada y protegidas, tomar una decisión. A nadie se le va a obligar a abortar. Es más, es una forma de asegurar que sólo aquellas que están seguras de hacerlo lo hagan. A los argumentos sobre oscuros intereses económicos de médicos inescrupulosos, que ven en la legalización del aborto una fuente de ingreso, se pueden plantear salidas simples, como que los servicios se ofrezcan de forma gratuita en hospitales públicos y de ESSALUD, independientemente de la condición de afiliación de la persona. Y, sobre todo, hay que reafirmar que todo esto se basa en la confianza y el respeto a las víctimas, a las que la sociedad debe ofrecerles el mejor cuidado que pueda, para que puedan superar la terrible situación de violencia por la que tuvieron que atravesar.

[i]Ver, por ejemplo: http://peru21.pe/politica/eguren-casi-imposible-que-se-produzca-embarazo...

[ii]La pena se agrava en caso de menores y muerte, pudiendo llegar a cadena perpetua.

[iii]Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDES 2013-, en el Perú, 7.6% de las mujeres unidas reportaron haber sido abusadas sexualmente (obligadas a tener relaciones sexuales cuando no querían) por su actual pareja. Esta cifra excluye violencia sexual perpetrada por personas con las que la víctima no tenía una relación sentimental (i.e. padres, hermanos, tíos, amigos, o persona desconocidas).