Una reciente publicación de Diario 16 ha vuelto a colocar en la agenda pública una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra historia: Las esterilizaciones forzadas, realizadas a miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el marco de los programas de planificación familiar, en la segunda mitad de los años noventa. 

Han pasado 18 años desde que ocurrieron los hechos, varios lustros desde que las propias víctimas y organizaciones de la sociedad civil los denunciaron y cuatro años desde que el actual presidente Ollanta Humala asumiera compromisos al respecto, en la campaña electoral del 2011. Sin embargo, las mujeres esterilizadas siguen sin recibir una reparación y la atención que les permita afrontar las secuelas que les dejaron las intervenciones quirúrgicas, hechas sin su consentimiento y con engaños, por el personal de Salud que estuvo a cargo de las mismas.

Pero no solo persisten la desatención y el olvido estatal, sino también la impunidad, tanto de los responsables políticos y técnicos del diseño e implementación de los programas de planificación, como de quienes fueron los ejecutores directos de la mal llamada “anticoncepción quirúrgica voluntaria” -que tenían la obligación de cumplir con una determinada cuota de intervenciones-, frente a la cual guardaron silencio cómplice.

Viendo en perspectiva, resulta igualmente sorprendente la indiferencia generalizada con la que la sociedad peruana respondió a las primeras denuncias sobre estos hechos, pero en buena medida, ésta expresaba la derrota de una sociedad que había renunciado a vivir en democracia y que había aplaudido masivamente el golpe fujimorista del año 92.

En la larga cadena de responsabilidades frente a tan bárbaro crimen cometido contra las mujeres peruanas, en especial contra aquellas que vivían en condición de extrema pobreza, en las zonas rurales, ocupa un primerísimo lugar el ex presidente Alberto Fujimori, quien fuera el principal promotor de las políticas de planificación familiar, junto con sus ministros de Salud, AlejandroAguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, quienes, sin embargo, fueron liberados por un fiscal que cerró los ojos ante las evidencias de que las esterilizaciones forzadas fueron parte de una política de Estado.

En Noticias SER consideramos que nuestro país no puede seguir dándole las espaldas a las miles de ciudadanas peruanas que siguen exigiendo y reclamando justicia y reparación. Por ello, nos sumamos a la demanda de las organizaciones de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas que exigen la creación de una comisión de la verdad, de un registro único de víctimas y de un programa integral de reparaciones. Solo así podremos salir de la miseria moral en la que nos sumergimos durante el fujimorismo y en la cual seguimos atrapados y atrapadas.

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Puede leer el informe de Diario 16 AQUÍ