El pasado 6 de julio se desarrolló el foro “Esterilizaciones forzadas: 18 años sin justicia”, evento que fue organizado por la parlamentaria andina Hilaria Supa. En este espacio, mujeres de Piura y Cusco relataron, una vez más, los atropellos sufridos debido a la nefasta implementación de esta política de control poblacional, durante el régimen fujimorista. A su turno, representantes de distintas entidades públicas informaron sobre sus respuestas a las demandas planteadas por estas mujeres. 

La primera conclusión que se deriva de lo escuchado ese día es que las agencias estatales siguen sin plantear una respuesta integral a los reclamos de verdad, justicia y reparación. Salvo la labor de acompañamiento y denuncia efectuada por la Defensoría del Pueblo, el resto de intervenciones solo revelan la persistencia del desencuentro entre las víctimas de esterilizaciones forzadas y el conjunto de la administración estatal, que no se salva con la atención que provee el Seguro Integral de Salud a unas pocas de ellas. En efecto, más allá de expresar solidaridad, en las intervenciones del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no se hizo evidente un liderazgo claro en el tema.

La persistencia de las víctimas, junto a la acción solidaria de diversas organizaciones no gubernamentales, ha logrado que el asunto no deje de ser del interés público. Precisamente, en el foro se presentaron algunas acciones e iniciativas desarrolladas desde la sociedad civil (Instituto de Defensa Legal, Proyecto Quipu, Amnistía Internacional, Grupo de Reparaciones a Esterilizaciones Forzadas, al cual pertenezco), las mismas que están contribuyendo a mantener visible esta problemática. El anuncio de nuevas acciones en los siguientes meses apunta a sacar al Estado de su indolencia actual. Lo irónico es que hay suficientes razones para una rápida respuesta oficial en este campo, especialmente en la formulación de un programa de reparaciones específico para este universo de personas afectadas.

En primer lugar, existe un argumento ético. Garantizar el ejercicio de derechos de ciudadanos debiera ser preocupación principal del Estado. Y cuando se produce una vulneración de los mismos, su responsabilidad es realizar todos los esfuerzos posibles para restituirlos. La legitimidad de un Estado democrático se reduce si esta tarea primordial no es asumida con convicción y eficacia. Para ello tiene instrumentos judiciales, actualmente en curso, pero también otros, de índole administrativa, con los cuales puede atender con mayor rapidez un número elevado de casos, sin depender de los lentos tiempos de la administración de justicia.

También hay una razón jurídica. El Estado ha reconocido, en el sistema interamericano de derechos humanos, su responsabilidad en un caso emblemático y, desde entonces, ha venido –con tardanza– implementando las reparaciones ordenadas, en la solución amistosacon los familiares de María Mamérita Mestanza. No debería esperarse que más casos lleguen a esta instancia para lograr una acción positiva del Estado sobre otras mujeres que reclaman similares vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Un programa de reparaciones bien definido y mejor implementado mostrará el compromiso del Estado con los derechos de estas mujeres.

Hay también razones políticas. Por un lado, diversos analistas han señalado que la mención de este tema durante el debate entre los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori fue uno de los factores que inclinó la balanza a favor del primero. Existe, por lo tanto, un compromiso político con estas víctimas, que no ha sido expresado en forma efectiva. Dado este antecedente, no se entiende por qué no se lleva ese cuestionamiento a su siguiente paso lógico: Una acción afirmativa a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Como lo he señalado en un artículo anterior, este es un tema que perfectamente puede ser abordado como parte de la agenda de salida del gobierno actual.

Finalmente, existen razones prácticas. Frente al temor o desconfianza de los funcionarios públicos respecto a la novedad que el tema representa, debe decirse que en la sociedad civil existe suficiente capacidad técnica para acompañar los esfuerzos que el Poder Ejecutivo pueda hacer en materia de reparaciones a estas víctimas. He sostenidoque tareas como la búsqueda de la verdad, la elaboración de un registro y la definición de un programa de reparación específico pueden ser enfrentadas en un esfuerzo conjunto de agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Avanzar en este tema requiere compromisos claros expresados en decisiones sencillas. Desde la sociedad civil seguiremos insistiendo en la necesidad de una repuesta en materia de reparaciones a las víctimas de esterilizaciones forzadas.