I
Publicado: 2015-08-13
Ante el fracaso de la licitación de los activos de Doe Run y el posible cese de 2400 trabajadores, al no haber ofertas económicas por el complejo metalúrgico de La Oroya, la población de esta zona y los trabajadores de la empresa han iniciado un paro indefinido que ya cobró la vida de un poblador. Los afectados por la difícil situación han planteado como salida flexibilizar la legislación ambiental, de modo que los postores se interesen por invertir, y que, a la vez, el gobierno manifieste su interés en la reactivación del complejo metalúrgico. Sobre este complicado escenario, Noticias SER conversó con José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente e investigador de la ONG CooperAcción.
- ¿Cuáles son los a antecedentes que han desencadenado el conflicto en La Oroya?
- Entiendo la legítima preocupación que tienen los trabajadores de La Oroya con esta situación que se ha creado luego de la fallida subasta de los activos del complejo metalúrgico. Sin embargo, debe quedar totalmente establecido que hay claros responsables de la situación a la que hemos llegado. Un primer responsable, claramente identificable, es la empresa Doe Run, porque cuando adquirió el complejo metalúrgico de La Oroya, lo hizo con un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), que fue aprobado en octubre de 1997 y que tenía diez años para ser implementado. Sin embargo, la compañía planteó varias modificaciones al PAMA y, además, recibió dos ampliaciones del plazo para ejecutarlo. No obstante, han pasado 18 años y dicho programa no ha terminado de ejecutarse. También hay que señalar a las autoridades de por lo menos tres gobiernos que, de manera reiterada, aceptaron la modificación de los PAMAs y que, por lo menos en dos ocasiones, le dieron a la empresa una ampliación de los plazos. Si las autoridades no hubiesen sido tan permisivas con Doe Run, creo que la historia hubiese distinta y no estaríamos en la situación actual.
- ¿Fue una adecuada decisión que en el 2009 se paralizara las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya por el incumplimiento ambiental de su operador, Doe Run?
- Las paralizaciones del complejo metalúrgico fueron consecuencia de los incumplimientos de Doe Run, porque no había mayores alternativas, y la empresa no cumplía y, al mismo tiempo, pedía ampliaciones para los plazos sin otorgar ninguna garantía. La responsabilidad directa en ese momento fue de la empresa. Además, en ese momento, los trabajadores de La Oroya tuvieron una alianza con la compañía y le creyeron, pero ella los utilizó, así como a sus organizaciones sindicales, y, lamentablemente, no cumplió con ellos y tampoco con el país.
- ¿Podría haberse prevenido la situación de tensión que se vive actualmente?
- Siempre se ha podido hacer las cosas de mejor manera, pero también hay que entender un poco los límites. El proceso ya era concursal y, por sus características, así como por los procedimientos que se siguen, las posibilidades de influir en el propio proceso son bastante más limitadas, porque ahí son los acreedores los que juegan un rol importante, incluso en el nombramiento del administrador del proceso concursal. Ahora, sí creo que el ministerio de Energía y Minas debió aprobar este instrumento correctivo en materia ambiental con mayor premura. Sin embargo, ahí hubo cierta demora, pero finalmente el instrumento fue aprobado hace un par de semanas. Creo que el hecho es que luego de varios años de paralización, el problema ambiental es importante y significativo, pero, evidentemente, hay otros problemas vinculados a la carga laboral, a la obsolescencia de los equipamientos y de la tecnología de tipo metalúrgico, que hacen que esa operación sea cada vez más difícil de recuperar. Es una situación bastante compleja.
- ¿Cree que el gobierno cederá al pedido de los trabajadores, de flexibilizar los estándares ambientales del complejo metalúrgico para poder darle salida a esta situación y se pueda subastar los activos de Doe Run?
- Creo que ese escenario sería el menos adecuado. Creo que hay que comenzar a pensar en construir una salida con los trabajadores, pero no se debe pensar en que ella es la flexibilización de los estándares ambientales. Sería un tremendo error retroceder en materia ambiental, porque, además, ese no es el origen del problema. El motivo es mucho más complicado. Puede ser, en parte, las inversiones ambientales, pero también son los temas laborales y el hecho que estamos hablando de un complejo metalúrgico que está paralizado desde hace bastante tiempo y que tiene una tecnología que cualquier inversionista va a tener que modificar y adecuar a los niveles tecnológicos de hoy en día. Entonces, estamos hablando de una situación bastante compleja y la salida, creo yo, va a tener que ser establecida, en este caso, con los trabajadores de La Oroya. Debemos entender que no va a ser una salida sencilla, porque implicará, de repente, reconversión laboral, y también cuál va a ser el sentido, objetivo y norte del desarrollo de una ciudad como La Oroya, que ha estado marcada e influenciada por el complejo metalúrgico, pero que seguramente en el futuro va a tener que desarrollar actividades distintas.
- ¿Cree que es viable, como lo piden también los trabajadores de la Doe Run, declarar en emergencia la ciudad de La Oroya y que el Estado invierta fondos públicos para reactivar las actividades de este complejo metalúrgico?
- Creo que hay que ver cómo se trabaja una salida viable para La Oroya en su totalidad y analizar si este complejo metalúrgico tiene viabilidad hoy en día. Se tendría que hacer un análisis mucho más detallado, más aún cuando el complejo metalúrgico está paralizado. Por lo menos el circuito de cobre lo ha estado desde el 2006 y ha tenido dificultades en la operación. Los circuitos de plomo y de zinc fueron reactivados durante un periodo corto, pero, en términos generales, el complejo metalúrgico ha estado paralizado varios años. Entonces, ponerlo en valor y en marcha no es una tarea sencilla. Ahora, el Perú necesita actividad metalúrgica, sin duda, en la medida en que tiene una actividad minera muy importante y el complejo metalúrgico le añade valor a la producción de concentrados. Entonces, es, ciertamente, una actividad muy importante en la que hay que pensar, pero eso no quiere decir que hay que aceptar la inversión a cualquier costo.
- La mina Cobriza es también propiedad de la Doe Run, ¿tiene Ud. conocimiento si esta se venderá junto con el complejo o en forma separada?
- Bueno, formaba parte de la venta. Cuando se privatizó lo que se conocía como CENTROMIN Perú, el primer intento de venta fue conjunto, y posteriormente se separaron las minas de Cerro de Pasco, Yauli, el complejo metalúrgico de La Oroya y se constituyó la empresa METALOROYA, que fue vendida. La mina Cobriza fue vendida por separado. Si antes las operaciones fueron vendidas por separado, no veo ningún inconveniente en que también lo sean en la actualidad. La mina Cobriza todavía sigue en operación y hasta el momento ha permitido que las actividades que se realizaban en La Oroya puedan ser sostenidas con los ingresos de cobre. Entonces, creo que mina Cobriza pueda ser perfectamente vendida por separado. Hasta el momento no se ha hecho así, porque se buscaba ofrecer las dos operaciones, para que sean más atractivas.
