Poniendo límites al dinero en la política 

Como toda actividad social, la política requiere de dinero. Pensar que no es una ilusión peligrosa: Siempre hay fondos ilícitos o apoyos “condicionados”, dispuestos a inyectarle fondos a los partidos.

¿Qué hacer en ese contexto para que los partidos no terminen vendiendo sus almas a los cantos de sirena provenientes de oscuros fondos? Ciertamente, el hacer efectivo el financiamiento público a agrupaciones políticas sería un paso positivo. Sin embargo, este no aplica para los gastos de campaña, de lejos, los que conllevan mayor gasto.

En esta columna presentamos tres medidas concretas, debatidas o en proceso de serlo en el Congreso, que pueden ayudar a mejorar la transparencia de fondos, de toda índole, así como frenar las filtraciones ilícitas en la próxima campaña electoral.

En primer lugar, si hacemos un análisis de los mayores gastos en campañas, veremos que, en las elecciones generales, estos se generan en la publicidad en medios de comunicación, sobre todo en la televisión. De lejos. El poder de los medios en el elector, especialmente de la TV, siendo un bien muy caro, genera enormes disparidades entre los competidores, y constituye, además, un peligro sobre el control o cooptación de partidarios.

¿Qué han hecho algunos países frente a ello? México, Brasil y Chile, por ejemplo, prohíben a partidos y CANDIDATOS contratar publicidad electoral en televisión, y en México y Brasil, la restricción se extiende, además, a la radio. El Estado es el encargado de la compra y quien distribuye esos tiempos, de acuerdo a criterios establecidos por ley. Así, se restringe de manera importante las disparidades de fondos expresadas en publicidad. Actualmente, este es uno de los temas que son discutidos en la comisión que investiga los filtros del narcotráfico en política y que es presidida por la congresista Rosa Mavila. Ciertamente, que el Estado pueda regular directamente la distribución de los tiempos de publicidad en TV reduciría significativamente el poder del dinero en las próximas elecciones nacionales, aminorando los peligros del dinero ilícito. Además de apelar a la opinión de los organismos electorales, el citado grupo de trabajo ha contado con el apoyo técnico de entidades como IDEA Internacional.

Un segundo elemento que puede ayudar al control de diversos fondos es la bancarización del dinero. Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado, este año, un proyecto que ley que busca que el dinero de las campañas, a partir de un monto determinado, deba pasar por depósito en una entidad financiera. Ello facilitaría no sólo la necesaria transparencia, cualquiera que sea el origen de esos fondos, sino que los organismos competentes pudieran, eventualmente, seguir los hilos de posibles filtros de dinero ilícito. Creemos que esta norma debería darse a partir de montos mínimos razonables (quizás, incluso, por debajo de los diez mil dólares, propuestos por la UIF). Si en el Perú, una bodega ubicada en cualquier ciudad del país debe emitir un recibo de honorarios a partir de los cinco Soles, y pagos simples, como las recargas del Metropolitano, se pueden hacer con tarjeta, no habría razón para que los partidos, adecuadamente apoyados por los organismos electorales, con el soporte técnico y la administración de instrumentos necesarios para ello (como una forma de financiación indirecta), no pudieran aplicarlo sin mayores problemas, a partir de aportes de campaña razonables.

En tercer lugar, en cuanto a sanciones, se ha dado un primer paso positivo al aprobar la iniciativa de ley de la “silla vacía”, presentada por las congresistas Marisol Espinoza y Lourdes Alcorta. Esta norma determina la pérdida de la curul, por los congresistas involucrados en delitos de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y trata de personas, así como por el partido que lo llevó a su bancada. De este modo, se hace responsable también al partido político, que pagaría políticamente por su falta de cuidado al elegir a su CANDIDATO.

Sin embargo, coincidiendo con algunos analistas, me inclino a pensar que, para que esta ley tuviera efectos concretos, haría falta ampliar su alcance a los casos en los que se abra una denuncia del fiscal, amparada en criterios como importantes desbalances patrimoniales. Que una persona llegue a ser declarada culpable de narcotráfico en las últimas instancias del Poder Judicial en el Perú es un hecho muy raro. En Colombia, basta la situación antes mencionada para que al congresista se le suspenda de su cargo mientras se resuelve su situación. Para que este paso legal se haga efectivo en nuestro país, es necesario complementar la ley aprobada, incluyendo una modificación del reglamento del Congreso, referente a los alcances de la inmunidad parlamentaria. De ninguna manera para anularla ni mucho menos, sino para permitir la suspensión del congresista en la situación antes mencionada, de una denuncia fiscal sustentada con indicios, como un importante desbalance patrimonial, en los casos señalados. Si algunos parlamentarios han sido suspendidos por palabras de más en el Congreso, por comprar, en su beneficio, más pollos con dinero del Legislativo, o, como sucedió a Javier Diez Canseco, por una injusta y mezquina acusación de supuesto beneficio familiar, resulta ilógico que, ante un tema de tal gravedad como los relacionados al narcotráfico, no se pueda suspender, por un tiempo regulado, la curul de un congresista, levantando la inmunidad para avanzar en las investigaciones.

En resumen, el control efectivo del gasto en campaña, mediante medidas como la CONTRATACIÓN directa por parte del Estado de la publicidad electoral en TV (de lejos, la mayor inversión en elecciones generales); la bancarización de las transacciones en las campañas, y el hacer efectiva la “silla vacía”, con nueva normativa y modificación del reglamento del Congreso, son tres medidas concretas que ayudarían a mejorar el nivel de transparencia durante la próxima campaña electoral del 2016.