Desde hace más de una semana, integrantes de las comunidades de las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y algunos poblados de Apurímac y Arequipa acatan un paro indefinido, como expresión de rechazo a la empresa minera Ares SAC (Hochschild Mining). Los pobladores piden el cierre definitivo de la planta procesadora que se instaló en el proyecto minero Inmaculada, que está ubicado en los territorios de la cabecera de cuenca de donde provienen las aguas del valle del Huanca Huanca. Asimismo, vienen solicitando la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y un mayor compromiso con las comunidades, porque, hasta el momento, la empresa sólo habría realizado convenios con algunas autoridades comunales. 

Pedro Cayo, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Paucar del Sara Sara, en conversaciones con Noticias SER, dijo que las comunidades que están participando de la medida de protesta son el anexo de Huancute, distrito de Rivacayco (Parinacochas), Palla Palla, Colpa, Oyolo, Ccalaccapcha, Ccochapama (Arequipa), Pampamarca, Iscahuaca (Apurímac), Huanaqmarca y San Antonio. Del mismo modo, informó que los protestantes han bloqueado todas las carreteras que comunican al proyecto minero Inmaculada. “Que quede claro que no estamos en contra del proyecto minero, sino de la planta procesadora que viene funcionando. Están sacando oro y el relave se está acumulando en la cabecera de cuenca, y la planta está funcionando sin permiso legal, ni social”, remarcó el dirigente.

Desde el mes de agosto, las poblaciones que ahora acatan la protesta advirtieron de estas acciones, pues, en aquel entonces, una comitiva visitó la Presidencia de Consejo de Ministros para informar sobre lo que venía sucediendo, pero hasta el momento no han encontrado respuesta a sus reclamos. Pedro Cayo dijo que las comunidades están en pie de lucha, en vista de que las autoridades no se pronuncian, y han decidido continuar con el paro hasta ser escuchados. “Nosotros no vamos a dialogar con los representantes de la empresa minera, menos con las autoridades de la zona, porque ellos no nos darán ninguna solución”, expresó.

El pasado martes, un grupo de representantes de las comunidades que vienen protestando arribaron a Lima para reunirse con las autoridades del gobierno nacional y tienen programado realizar una conferencia de prensa para dar a conocer lo que viene sucediendo con el proyecto minero Inmaculada, en el cerro Quellopata (entre los límites de las provincias de Paucar del Sara Sara y Parinacochas).

El alcalde de Oyolo, Roy Mamami Barriga, confirmó que las comunidades Ccalaccpacha, Iscahuaca, Cochapamapa y Huancute están paralizadas y por ello acompañó a la comitiva a Lima, para poder reunirse con los funcionarios del gobierno nacional. “El paro, convocado por las organizaciones sociales, es con el fin de denunciar los maltratos de la minera a la población”, dijo.

Responde la empresa

Por su parte,Carmen Marina Cuba, gerente de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social de Hochschild Mining, corroboró a Noticias SER que se viene desarrollando el paro, pero aseguró que la medida sólo se realiza en las localidades de Iscahuaca (Apurímac) y Ccalccapcha (Ayacucho) y no así en Huancute, Patari y Cascacra, Pampamarca. “Incluso ayer (martes) dejaron pasar camiones”, afirmó.

Con respecto a los reclamos de las comunidades, Cuba Baiocchi argumentóprimero que la empresa no tiene ningún compromiso con la comunidad de Ccalaccapcha, y que, por el contrario, a pesar de que esta no figura entre las comunidades de influencia del proyecto, se realizan en ella acciones de apoyo desde los programas de relaciones comunitarias. “Con la comunidad de Iscahuaca tenemos un convenio que venimos cumpliendo en tiempo y fechas. No hay incumplimiento que se nos pueda reclamar”, señaló. Sobre el EIA, Cuba expresó que si el ministerio de Energía y Minas lo ha aprobado es porque la empresa ha cumplido con todas las formalidades que exige la ley.

Según indica Carmen Cuba, la planta procesadora cuya anulación reclama la población está dentro de la ley y tiene la aprobación de las instancias gubernamentales, así como de la población, porque tenían conocimiento de la construcción de la misma.