La destitución de la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, y la posterior renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, también han generado reacciones en el altiplano peruano.

El decano del Colegio de Periodistas de Puno, Félix Huanca, calificó la medida de arbitraria y producto de métodos vedados, ya que dicha profesional venía cumpliendo a cabalidad sus funciones. “Ha sido como sacarse una piedra del camino, porque la documentación reunida por la procuradora, ameritaba un proceso. Para nadie es extraño que se trata de una movida política para apañar las cosas que la procuradora estaba investigando, con sustentación documentaria muy consistente. Esto no le ha caído bien al presidente Humala, y hay que decirlo: Él ha metido la mano”, declaró.

Según añadió, es una decisión tomada en defensa de la esposa del mandatario. “Ya se tomarán las medidas administrativas, jurídicas. Demandamos que se haga una investigación. Esto no debe quedar así porque es un antecedente negativo”, finalizó.

El ex presidente del gobierno regional de Puno, Mauricio Rodríguez, dijo que está ocurriendo una vendeta política, un todos contra todos, ya que esta situación ha sido manoseada políticamente. “Y no sería nada extraño que doña Julia Príncipe también tenga algún interés político, pero de hecho hay mucha tensión entre el Congreso y el Ejecutivo”, señaló.

Rodríguez consideró que el actual contexto es bastante complicado, porque hay una serie de denuncias por corrupción. “Keiko Fujimori y compañía están involucradas en actos de corrupción del pasado gobierno de Alberto Fujimori. Alan García, no está libre de los problemas vinculados al narcotráfico, con todas las denuncias que hubo. Por otro lado, el actual gobierno afronta acusaciones por lavados de activos”, refirió.

Para el ex rector de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Lucio Ávila Rojas, la medida interrumpe un proceso de la Procuraduría, que tenía alrededor de dos mil casos de lavado de activos. “A mí me parece que es una grave interferencia del presidente de la República, a través de su ministro de Justicia, en el trabajo de investigación que venía haciendo la procuradora. El ministro ha renunciado para justificar este hecho con la doctora Julia Príncipe”, subrayó.

En tanto, el consejero regional, Emilio Torres ve un control político en lo sucedido: “La acción que se ha tomado es arbitraria. Hay un tráfico de influencias para tratar de evitar que se siga investigando este problema de lavado de activos que involucra a la familia presidencial. Hay una intromisión de parte del gobierno en todos los sectores, en todos los poderes. Eso se nota en todos los aspectos. Es una medida que se veía venir”, refirió.