rechaza cualquier tipo de violencia

Respuesta a la ministra de Cultura

Por: Carlos Herz

Publicado: 2015-11-06

La ministra de Cultura invita a los lectores a reaccionar frente a la derogatoria del D.L.1198, que buscaba estimular la inversión privada en la administración de los bienes culturales materiales del país. La funcionaria culpa a los cusqueños de supuestamente haber privado al país de una oportunidad de “incorporar a más peruanos para que protejan nuestro legado”, y cuestiona cómo es posible que un departamento se adjudique la representación nacional, o cómo es que el Congreso puede desconocer “que existe patrimonio e interés en el resto del Perú”. 

Aprovecharemos este espacio para responder a la señora Álvarez Calderón, desde un enfoque bastante diferente, como ya lo hicimos antes. Y no precisamente porque constituya una respuesta que avale todos los argumentos esgrimidos en Cusco, sino porque consideramos que intenta entender y atender una problemática que es común al país y a su visión sobre el desarrollo.

En primer lugar, estamos de acuerdo en que el patrimonio cultural le pertenece a la Nación peruana y que está bien que “se incorporan más peruanos a la protección de nuestro legado cultural”. Sin embargo, en política pública no basta la existencia de un instrumento jurídico como la Ley del Patrimonio Cultural. Dicha norma y la existencia del propio ministerio no han logrado en lo sustancial poner freno al sistemático deterioro y ni a la destrucción de tanta riqueza monumental prehispánica e hispánica que colapsa ante la carencia de una fuerte institucionalidad pública que esté dotada de suficientes capacidades humanas, presupuesto y de la infraestructura y logística necesarias para actuar con eficiencia y oportunidad.

La ministra señala situaciones preocupantes, como las superposiciones entre sitios arqueológicos y asentamientos humanos y el insuficiente saneamiento físico-legal. Podemos añadir más dificultades pendientes de ser atendidas, relacionadas con los procedimientos de puesta en valor, la protección física de los sitios, la promoción de la investigación y la difusión de los aportes científicos, los criterios para la conservación y restauración de monumentos arqueológicos, el control de calidad de las obras de infraestructura turística, entre otros. ¿Todas esos problema serán resueltas con la simple intervención de la administración privada sobre el patrimonio cultural? .¿Quién debería consensuar y garantizar las reglas de juego para la buena gestión de los bienes culturales que tanto preocupa a la ministra?. Si los organismos públicos responsables, como el ministerio del sector, no pueden cumplir eficazmente sus competencias y funciones, ¿podrán garantizar que otros sectores asuman una administración responsable y sostenible del patrimonio cultural?

En segundo lugar, la ministra señala que aprovechó las facultades extraordinarias para legislar a favor y de forma rápida, para facilitar la participación de más peruanos en la gestión del patrimonio cultural. Un tema tan sensible no puede ser reducido a un decreto legislativo (derogado con la misma facilidad con que fue promulgado) en cuya elaboración solo estuvieron involucrados los asesores del MEF y del ministerio de Cultura. ¿Y el resto de actores y sectores que formamos parte de la Nación a la que pertenece dicho patrimonio? ¿Había tanta premura como para improvisar y obviar tan necesaria consulta? Veamos los resultados. El punto de partida debiera ser qué significa para el Gobierno la gestión del patrimonio cultural y cómo esta gestión no se limita a la presencia del sector inversionista privado, sino que incluye la apropiación y el aprovechamiento social y responsable de estos bienes protegidos.

Finalmente (por ahora), se debiera precisar mejor el rol del sector privado en la administración de los bienes culturales. En algunos casos dicha participación genera aportes para la conservación e investigación de diversos sitios arqueológicos, por parte de patronatos empresariales o de personajes filantrópicos, y constituye una forma de intervención no necesariamente rentable desde la lógica del mercado. Sin embargo en la mayoría de casos priman afanes rentistas y de corto plazo que rigen la economía de este país ¿Cómo un ministerio con débil capacidad de gestión podrá controlar esta situación? ¿Todos los sitios arqueológicos representan el mismo potencial y atractivo para la inversión privada? ¿Les interesará a estos sectores invertir en sitios ocupados con población en conflicto? ¿O se está pensando en sitios monumentales como Kuélap y otros, en torno a los que se pretende crear una infraestructura que garantice rentabilidad comercial (hoteles, restaurantes, rutas turísticas)?

Es hora de que el ministerio piense y actúe en función de su fortalecimiento institucional, exigiendo más recursos para sus propósitos rectores, y deje de ser una cenicienta que tiene que depender de lo que brindan algunos lugares como Machu Picchu, o fundaciones e investigadores que bondadosamente apuestan por el Perú y su patrimonio cultural. Solo un sector fuerte, eficiente y bien dotado a todo nivel será garantía de una segura y confiable participación del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil, en la gestión y puesta en uso social de nuestros bienes culturales. Esa es una modesta respuesta a las inquietudes de la señora ministra.


Escrito por

noticiasser

Una publicación de la Asociación SER


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