El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ostenta una larga trayectoria generando obstáculos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el país. Su oposición sistemática a la aplicación de la consulta previa ha trascendido gobiernos y ministros, por más que ahora anuncie la realización “exitosa” de consultas en minería. Cambiar esta situación debe ser una de las principales tareas del nuevo gobierno.
Como se sabe, desde la realización de la primera consulta previa – realizada por el Congreso de la República respecto de la Ley Forestal durante el gobierno aprista – se han conseguido avances importantes en el reconocimiento de este derecho y la implementación de la correspondiente política pública, que van desde la aprobación de la Ley de Consulta Previa y su reglamento, hasta el desarrollo de diferentes instrumentos de gestión (guías, registros, módulos, sistemas de información, etc.) y por supuesto la realización de poco más de dos decenas de procesos de consulta previa de normas administrativas.
Pero nada de ello es tomado en cuenta realmente por las autoridades y la burocracia del MEM como lo demuestra el caso de las “consultas mineras”. En efecto, inicialmente las evitó desconociendo la condición indígena de la población quechua, aymara, uro y jaqaru, pese a estar informados de que aproximadamente 5000 comunidades campesinas formaban parte de dichos pueblos, para lo cual recurrieron a supuestos estudios étnicos y a estratagemas administrativas para señalar que las comunidades campesinas afectadas por el desarrollo de alrededor de 40 proyectos mineros no eran indígenas. Sólo cuando estas maniobras fueron puestas en evidencia por la Defensoría del Pueblo y los órganos de control interno del sector, accedieron a realizar algunos procesos de consulta para evitar procesos y sanciones administrativas.
Sin embargo, lejos de corregir esta situación crearon una nueva forma de evasión sólo que esta vez revestida de un mejor maquillaje, ya que los aún escasos procesos de consulta previa en minería que se han realizado hasta el momento no pasan de ser meros actos formales en los que el diálogo, la deliberación y el logro de acuerdos que garanticen los derechos indígenas brillan por su ausencia. Las cosas llegan a tal punto que los procesos son culminados antes de llegar al espacio de diálogo, reemplazándolo con una declaración de supuesta conformidad de las comunidades campesinas afectadas. Para ponerlo en términos futbolísticos, es como si el partido se definiera antes de que los equipos entren a la cancha porque uno de ellos declara estar de acuerdo con la victoria del oponente.
La experiencia lograda hasta el momento demuestra que la consulta previa está lejos de ser esa traba para la inversión y las políticas públicas que sus detractores han venido sosteniendo y, por el contrario, constituye un espacio valioso – y algunas veces único – para el diálogo y el logro de acuerdos entre el Estado y la población indígena, como lo saben bien los funcionarios de los gobiernos regionales y los ministerios de Educación, Agricultura y Salud que han participado en estos procesos. Pero también es un derecho fundamental de los pueblos indígenas cuyo respeto no puede ser ignorado por ninguna autoridad ni funcionario público. Por ello, el MEM debe dejar de ser el ministerio anti consulta previa.
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