Un 7 de setiembre hace cinco años se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley de Consulta Previa, abriendo una senda para que la administración pública en su conjunto empiece a saldar la deuda histórica que mantiene el Estado peruano con los pueblos indígenas. El proceso de implementación de la política pública de consulta previa no ha sido sencillo ni ha estado libre de debates y controversias, pero las casi tres decenas de consultas realizadas hasta la fecha representan la mejor muestra de los avances logrados durante estos años. 

Ciertamente, aún resta camino por recorrer para que la consulta previa sea el instrumento efectivo que contempla el Convenio 169 de la OIT, en particular en el ámbito de los proyectos mineros y de hidrocarburos impulsados por el Ministerio de Energía y Minas ya que los procesos realizados hasta el momento no cumplen con el objetivo de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados por dichas iniciativas.

Corresponde por tanto a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República implementar las medidas necesarias para corregir esta situación. Sin embargo ello no es entendido por la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, cuya integrante Úrsula Letona, acaba de presentar el Proyecto de Ley N° 213-2006-CR que pretende modificar el artículo 2 de la Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa. Como lo han advertido algunos especialistas dicha propuesta pone en riesgo todo lo avanzado en esta materia e implica un desconocimiento de la obligación del Estado de llevar adelante procesos de consulta previa reemplazándolos por una serie de acuerdos privados.

En los hechos, el fujimorismo intenta abrir una puerta falsa para todos aquellos sectores públicos y privados contrarios a los derechos indígenas. Si bien es cierto, toda norma puede mejorarse, este proyecto de Ley – que también es apoyado por el congresista Kenji Fujimori y el portavoz Luis Galarreta – parte de una visión errónea sobre la consulta previa a la que considera una “traba” para las inversiones en el país. Al mismo tiempo, trasluce un sesgo discriminatorio en su exposición de motivos donde señala que busca garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de inversión, como si estos fueran más importantes que la seguridad jurídica de los derechos indígenas.

En Noticias SER rechazamos los intentos del fujimorismo de evadir el respeto del derecho a la Consulta Previa y esperamos que las demás fuerzas políticas del Congreso de la República no permitan un nuevo atentado contra los pueblos indígenas del país.


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