El conflicto entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha por el predio “Tragadero Grande” sigue latente; porque la empresa minera, a pesar de las evidencias del informe Resolve, donde se concluye que el conflicto sobrepasa una situación de disputa de tierras y que hay evidencias de claras vulneraciones de los derechos humanos; ha intentado entablar un diálogo, pero manteniendo las mismas prácticas de hostigamiento. Por ello Máxima Acuña y su familia han enviado el pasado 8 de diciembre una carta abierta a Gary Olberg, CEO de Newmont Mining (accionista principal de Yanacocha) sobre lo que viene sucediendo. Al respecto, Noticias SER conversó con Mirtha Vásquez, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia Chaupe. 

¿Por qué la familia Chaupe ha enviado una carta abierta a Newmont Mining?

Hay tres finalidades. La primera, es que quieren hacer saber que la empresa ya tiene un informe donde se precisa sobre las raíces de este conflicto y desde ahí debería ser abordado y preguntar qué está haciendo la empresa después de este informe. Lo segundo es que la esta carta quiere aclarar una suerte de versiones que ha ido dando la empresa con respecto a que se ha entablado dialogo, porque ellos están llamando diálogo a llegar a la casa de los Chaupe, irrumpir y hablar sobre lo que les parece y consideran que eso es el inicio de un dialogo. Pero eso es falso y la familia no puede decir que están dialogando, porque para dialogar tienen que establecerse condiciones previas y la empresa tiene que generar un escenario de confianza para entrar en este proceso. Lo tercero es preguntarle a quienes dirigen esta empresa, sobre qué base quieren ir resolviendo el conflicto y que quieren lograr, porque los mismos funcionarios que intervinieron de forma inadecuada no puedan ser responsables de una nueva política, por ello se han dirigido al CEO de la empresa.

¿Qué revela el informe de la institución Resolve, que realizó una misión a Cajamarca para ver el asunto de vulneración de sus derechos de la familia Chaupe por parte de Yanacocha?

Tiene puntos importantes, porque por primera vez se reconoce que la responsabilidad de este asunto y de la evolución del conflicto se ha debido a una política errada de la empresa. Básicamente, la empresa, ha tratado el conflicto como un asunto de disputa de propiedad, cuando realmente alcanza vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, concluyen que los funcionarios de la empresa tomaron decisiones sin verificar información, por ello decidieron tratar a Máxima Acuña como invasora. Lo otro es que la empresa tiene un problema de abordaje de la política de compra de tierras. Por otro lado, hace un hincapié en que el tratamiento del conflicto es errado porque se privilegia las vías judiciales y no otros mecanismos, como el diálogo. En el informe hay varias conclusiones interesantes; sin embargo, nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo con la conclusión final, porque indican que aun cuando se probó que la empresa no cumplió con estándares mínimos de respeto, no hay evidencia de violación de derechos humanos, aunque no descarta que estos se hayan puesto en riesgo.

¿Considera que este informe realizado por Resolve, tiene elementos que pueden ayudar a resolver el conflicto entre la familia Chaupe y Yanacocha?

Si la empresa lee este informe, tendría una oportunidad, en este momento, para hacer algo por cambiar sus malas políticas. Pero lo que me preocupa es que ellos no ven al informe como una oportunidad, sino están volviendo a solucionar el conflicto con mecanismos o métodos que van improvisando.

¿Por qué cree que a pesar que se identifica claros errores y responsables en el conflicto con la familia Chaupe, Yanacoha no haya iniciado investigaciones o sancionado a los funcionarios responsables?

Esa es la pregunta que nos hacemos, porque el informe es claro en establecer responsabilidades de los funcionarios que han manejado este asunto, y extraña que no se les haya sancionado, y también que no se esté investigando al personal que trabajan en la política de tierras. Creo que solamente han tomado en consideración la conclusión general que hace un llamado a privilegiar mecanismos de dialogo en el conflicto. Lo que ha sucedido en estos últimos días, es que la empresa ha enviado a los mismos funcionarios responsables de los ataques a la familia, a intentar entablar dialogo con la familia y eso es ilógico. Además, no sé qué están entendiendo ellos por dialogo, porque los funcionarios habrían llegado hasta la casa de Máxima Acuña ofreciendo una negociación. Puede ser que estos funcionarios, no han leído el informe o no tienen la capacidad de procesar los errores que han cometido. Si Yanacocha quiere dialogar no puede seguir atacando y debe establecer puntos claros sobre qué se desea dialogar.

¿Cuál es la razón que a pesar de las constataciones realizadas por Resolve, su informe concluye en que no existe evidencia de violación de derechos humanos en este caso?

Resolve ha hecho toda esta investigación tomando como referente los llamados principios voluntarios de empresas y derechos humanos, viendo si se han cumplido o no. Eso nos prueba que la aplicación de los principios voluntarios es insuficiente en estos casos, porque se debería recurrir a las normas y estándares internacionales de derechos humanos, para determinar si hubo o no violación y aplicación de mecanismos de protección para las víctimas.


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