La problemática de las tierras de la Amazonia y las comunidades nativas son diversas; pero el problema central es la falta de seguridad de la tenencia de tierras y la ausencia de un catastro. La situación se complejiza ante la poca claridad de las instancias gubernamentales para afrontar el problema, permitiendo el avance de diversas actividades ilegales en territorios de la Amazonia: Una muestra de ello es el asesinato de seis campesinos en Bajo Rayal (Ucayali) porque se negaban a ceder sus tierras a traficantes de terrenos. Al respecto Noticias SER conversó con Richard Chase Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común.
¿Cuál es la problemática actual de las tierras de la Amazonia y de las comunidades nativas?
Uno de ellos es la seguridad de tenencia de tierra, porque se estima que está pendiente la titulación de unas 600 comunidades. Por ello se debe estar siempre vigilantes frente a propuestas normativas que buscan debilitar el régimen de tenencia comunal, sobre todo porque cada mes surge un nuevo decreto o un proyecto de ley. De otro lado no se puede culminar la titulación porque no tenemos catastro, lo que pone en riesgo a los predios y a las comunidades nativas. Un segundo tema es el debilitamiento de los sistemas internos de gobernanza comunal, y los mayores niveles de corrupción entre líderes indígenas. Con mayor frecuencia encontramos venta ilegal de tierras o el otorgamiento de permisos, a cambio de dinero, para la invasión de terceros a tierras comunales.
Sobre la seguridad de tenencia de tierras y el catastro, ¿existe una política que se esté implementado?
No se tiene una política clara. Ahora hay unos 8 proyectos para titulación en la Amazonia, comunidades y predios, pero estos no expresan una política de Estado. Nosotros empezamos a darnos cuenta en el 2012 de que no había un ente rector a nivel nacional sobre el saneamiento y catastro, por ellos empezamos a presionar y en el 2013 se creó un ente rector, que debería haber desarrollado políticas, pero hasta el momento lo que hay son algunos proyectos que están titulando como sea.
En este escenario, ¿Qué papel juegan los gobiernos regionales cuyos territorios tiene zonas amazónicas?
Son los gobiernos regionales quienes están titulando, pero se supone que el ente rector a nivel nacional debe dar las pautas, los procedimientos y lineamientos para el proceso de titulación, pero no hay claridad. Por ello cada región titula a su manera, con su propio criterio, con sistemas y formas que no son útiles para poder elaborar un catastro nacional. Entonces, hay mayor confusión que de la que ya existía.
¿Cómo la problemática que describe esta se relaciona con el asesinato de seis campesinos en el caserío Bajo Rayal (Ucayali) porque se negaban a ceder sus tierras a traficantes de terrenos?
Hay una relación directa. Personalmente pienso que este es un asunto consciente, porque en todo esto están personas metidas en actividades ilegales, como el tráfico de tierras que está en aumento y aparentemente ese es el caso detrás de la muerte de estos campesinos de Bajo Rayal. También está la minería ilegal, la extracción ilegal de madera y todo eso se facilita si no hay orden, el desorden prepara el terreno para todas esas actividades ilegales. Lo que se debe hacer es reconocer derechos sobre tierras en la Amazonia. En realidad, en la zona rural la titulación de tierras es un caos y eso ¿a quién beneficia?
¿Esta misma situación pone en riesgo a los territorios comunales de la Amazonia ante la presencia de grandes proyectos extractivos?
Hay mucho más orden en el tema de concesiones para extracción legales, porque por ejemplo se tiene un sistema modernísimo para gestionar la información sobre las 55 mil concesiones mineras que existen, en cambio sobre las tierras comunales no hay ningún sistema, no hay catastro y es un caos. En el sector forestal se está tratando de ordenar, pero es uno de los sectores más corruptos. Entonces, aunque hay una nueva ley y nuevos procesos para monitorear actividades forestales, tanto legales e ilegales, tienes un personal que se ha acostumbrado por décadas a cobrar coimas y hacerse de la vista gorda por un pago. Por ello, es difícil cambiar aunque se tenga una ley perfecta. Entonces, hay mucho caos, confusión y desorden en el sector forestal.
¿El gobierno de Kuszcynski tiene claridad sobre la necesidad de poner orden en el caos que describes?
Quizás el nuevo viceministro de agricultura tiene algo de claridad sobre la necesidad de poner orden, pero todavía no funciona como ente rector. De otro lado recordemos que Kuczynski firmó un acuerdo con los pueblos indígenas antes de la segunda vuelta, donde uno de sus compromisos era la titulación de los predios indígenas como comunidades y no como predios individuales. Después de ganar las elecciones, a las dos semanas, el Ministro de Economía y Finanzas anunció públicamente que la única solución para los territorios indígenas era la parcelación, entonces hay una tremenda contradicción, la misma que se ve hasta ahora, porque desde el MEF se han presentado varias propuestas y decretos legislativos que debilitan la seguridad de tenencia de comunidades y de privados.
(Foto de portada: Agencia Andina)
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